Hace algunos meses, poco después de asumir el cargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó su intención de que el pacto por una nueva Constitución, luego del fallido plebiscito del 4 de septiembre, se lograra rápidamente, ojalá antes de las Fiestas Patrias. “A mí me gustaría bailar cueca con el acuerdo cerrado. Creo que la Patria lo merece”, afirmó en ese entonces la jefa del gabinete.
Pero eso no fue posible y tuvieron que pasar tres meses para que un nuevo intento constitucional lograra llegar a puerto, cambiando los pies de cueca por unos buenos villancicos navideños. Con dimes y diretes, obvio, con ridiculeces incluidas -como el diputado/chef que intentó emular la cocina que habría dado origen al compromiso-, pero también con esperanza de sus protagonistas en que la tramitación en el Congreso que permita el inicio formal del proceso, sea expedita.
Ese es precisamente el primer escollo que tendrá que sortear este segundo -y ojalá final- acuerdo. Se sabe ya que los tiempos políticos no necesariamente calzan con las buenas intenciones, lo que se complica aún más considerando el calendario estrechísimo que se consideró para este nuevo proceso, que debiera terminar con un plebiscito de salida en noviembre de 2023.
Pero es verdad también que, a menos que haya sorpresas, el hecho de que este pacto haya sido suscrito por todas las fuerzas políticas -exceptuando a los afiebrados del Partido Republicano y del PDG, además de los seguidores de Pamela Jiles- debiera augurar que la tramitación sea efectivamente rápida y con un alto nivel de acuerdo. Aquello si -y solo si- los francotiradores de siempre no aprovechan la situación para darse gustitos y echar todo por la borda nuevamente.
Porque ese sí que es un escenario al que no se puede arriesgar hoy la clase política. Aquí no habrá tercera oportunidad. Esta debe ser la definitiva. Palabras como las de José Antonio Kast, afirmando que en vez de pagarle a los expertos debieran preocuparse de la seguridad, son solo ansias de aparecer en la prensa y en las redes sociales, y hacer polémica para mantenerse en la agenda. Pero son cero aporte y solo contribuyen a enlodar una iniciativa que recién comienza.
Lo mismo sucede con los exconstituyentes que han salido a reclamar porque este acuerdo se hizo sin la participación del “pueblo”, ese concepto inorgánico del que abusaron durante todo un año y que finalmente les dio la espalda en el plebiscito por una amplísima mayoría. Porque hoy la ciudadanía se ha alejado de la necesidad de un nuevo texto, enfocados en los problemas que enfrenta el país y que requieren solución ya. Nadie podría discutir que la delincuencia, el narcotráfico, la inflación y la crisis económica son situaciones perentorias. Pero lo urgente no puede eliminar lo importante. Y, como reza el dicho, se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo.
De hecho, en la última CADEM -y en varias de las anteriores- queda claro que los chilenos sí quieren un nuevo texto. Así, un 67% dice concordar con que Chile necesita una Constitución y sobre la mitad de los encuestados asegura que el órgano redactor no debiera superar los 50 miembros y que estos debieran incluir expertos y electos. Muy similar a lo que solo unos días después se selló con las firmas de los líderes de casi todos los partidos.
En ese sentido, la clase política debiera ahora apelar a la responsabilidad, de manera de que el gobierno se concentre en las medidas para paliar los problemas cotidianos y el equipo de expertos junto a los nuevos responsables elegidos para aquel fin, se aboquen a la tarea de crear la Constitución, sin escándalos, sin torpedeo constante, con diálogo y representación de la mayor parte de los chilenos y chilenas. El ideal que se viene buscando desde 2019 tiene que ver con volver a unir al país y lograr una mejor Carta Magna para ese “pueblo”, que se manifestó en contra del documento emanado de la Convención y de la forma en que se trabajó. Y que no está dispuesto a que se malgaste nuevamente tiempo y dinero en la política farandulera que no funciona.
El resto es todo conversable. Los “amarres” que acusan algunos precisamente intentan que el nuevo órgano no se enfrasque en peleas intestinas que ya no dieron resultado en el ejercicio anterior, sino que se enfoquen en la preparación de un texto unitario y macizo. La tarea de los expertos allí será esencial, así como de las y los electos, para que en conjunto -y evitando en lo posible ningunear a aquellos especialistas que pondrán el hombro- puedan llegar a puerto y bailar cueca, como pedía la ministra Tohá, aunque sea diciembre.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.