El acuerdo obtenido en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados en torno a la reforma previsional fue apenas un primer y tímido paso, pero develó un cambio no menor en el escenario político de la oposición.
Dos circunstancias recientes marcan esta inflexión. La primera es la crisis y el quiebre que atraviesa el PS a raíz de su reciente proceso eleccionario y los problemas en su padrón de militantes; eventos que no solo golpearon la imagen pública y la posición relativa de dicho partido, sino que también abrieron una ventana de oportunidad para que sectores de la disidencia a la actual directiva expresen su desafección interna, apoyando algunos de los acuerdos que la DC y el gobierno han estado construyendo en diversas materias. Eso es exactamente lo que acaba de ocurrir en la reforma a las pensiones.
La segunda circunstancia es el informe de Michelle Bachelet sobre las violaciones a los DD.HH. en la Venezuela de Nicolás Maduro, un elemento que vino a ahondar la separación de aguas entre las fuerzas políticas que integraron la fenecida Nueva Mayoría. Si bien es cierto que aún hay sectores del PS que miran con simpatía o al menos con benevolencia a la dictadura venezolana, la rúbrica de Bachelet sobre esta verdadera “sentencia” política y moral hizo imposible que su partido pudiera salir a cuestionar o relativizar sus conclusiones, como sí lo hicieron el PC y algunos integrantes del Frente Amplio. Y la reinstalación de esta controversia sobre la revolución bolivariana en el seno de la centroizquierda chilena ha terminado paradójicamente fortaleciendo el proceso de construcción de hegemonía en el cual hoy se encuentra la directiva DC.
Sin negar méritos al gobierno en el fatigoso avance de sus reformas, el elemento clave y decisivo ha sido sin duda la profundización de los quiebres entre las fuerzas de oposición, lo que instala la interrogante de si La Moneda tendrá la capacidad política de seguir usando a su favor las diferencias tácticas y al final estratégicas que proliferan en la centroizquierda. Errores como el cometido por Cancillería en el tema de Filipinas -donde el propio gobierno terminó debilitando sus convicciones en materia de DD.HH.- hacen que dicha duda sea pertinente.
En paralelo, la otra incertidumbre tiene relación con los desafíos electorales y la forma en que pueden incidir en ellos los contrastes opositores.
En resumen, cuando llegue la hora de los pactos forzados para viabilizar alcaldes y gobernadores regionales, ¿podrá la DC mantener la autonomía que ha logrado construir en este tiempo, o sucumbirá a la necesidad de convergencia electoral con el PC y el Frente Amplio? ¿Habrá al final unidad opositora para enfrentar el próximo desafío presidencial o el quiebre de la DC con el PC y el Frente Amplio es ya un proceso estructural e irreversible?
Son algunas de las preguntas de fondo que este nuevo momento opositor deja sobre la mesa. Mientras tanto, el gobierno tiene el camino un poco más despejado para sus reformas, en la medida en que se resigne a seguir haciendo concesiones.
Publicado en La Tercera.