La discusión pública sobre el estatus legal de la marihuana ha estado cruzada por malos entendidos. El principal de ellos ha sido presentar el debate como si se tratase de una competencia sobre quién tiene la mejor evidencia empírica: mientras sus promotores resaltan sus virtudes terapéuticas, sus detractores subrayan su potencial daño. Como es natural a estas alturas, cada bando escoge los estudios que le convienen. Ninguno se percata de que poner todos los huevos en la canasta de las consecuencias obligaría a cambiar de posición apenas el consenso científico sostenga que los resultados no son los originalmente afirmados.
La razón que motiva, al menos la despenalización del cultivo, porte y consumo recreativo de marihuana, no descansa en sus efectos benéficos. Ni siquiera en su inocuidad. Se puede reconocer el daño que genera el consumo temprano y prolongado de cannabis, y al mismo tiempo defender la libertad de las personas adultas a consumirla. Del mismo modo que se reconoce el daño que genera el alcohol y se autoriza su venta regulada. La pregunta por el estatus legal de la marihuana es una pregunta acerca de la estructura de riesgos que los ciudadanos están dispuestos a compartir. Conducir vehículos motorizados es un riesgo. No solo para el conductor, sino para el resto. Cada vez que salimos a la calle nos exponemos a ser arrollados por máquinas de fierro. Sin embargo, usualmente consideramos que estamos en condiciones de bancarnos ese riesgo. Lo atenuamos cuando prohibimos la conducción en estado de ebriedad. Pero no podemos eliminarlo. Así, vamos negociando la distribución de riesgos permitidos en la vida social.
Lo mismo ocurre con las sustancias que alteran parcialmente nuestro estado de conciencia. Hemos interactuado con ellas desde el comienzo delos tiempos. Todas ellas representan distintos grados de riesgo. De acuerdo con su composición y efectos, la marihuana se ha considerado históricamente la menos poderosa de las drogas. No es casualidad que su consumo se encuentre normalizado en amplios sectores de la población, sin importar estrato social u origen cultural. Es decir, aunque conlleva riesgos, se trata de un tipo de riesgo que adultos libres e informados pueden tomar sobre sí sin mayores problemas. Este no es un argumento para vetar el debate sobre la despenalización de otras drogas más duras. Pero sí ubica a la marihuana en una posición especial: a la luz del estatus legal del alcohol —cuyos efectos sociales son infinitamente más destructivos—, la exclusión del cannabis del catálogo de drogas reguladas es distintivamente injusto.
Esto es evidente, pero a veces se nos olvida: el estatus legal de una sustancia no lo determina un médico. De lo contrario, seríamos una tecnocracia científica. Los profesionales e investigadores de la medicina proporcionan insumos para tomar la mejor decisión política. Las decisiones políticas se toman considerando todas las aristas de un problema. Ahí se ponderan los riesgos de salud (en su debida medida) con los imperativos de la autonomía individual en una sociedad libre. No son las únicas consideraciones que importan. La aplicabilidad de una norma o política pública también es relevante. Su impacto en el ecosistema normativo, también. En este último nivel, los detractores de la marihuana suelen sostener que es posible ganar la guerra contra las drogas, mientras sus defensores suelen apuntar que dicha guerra solo acarrea violencia, mientras que la posibilidad del autocultivo, y en general la despenalización de drogas menores, permite focalizarse en el verdadero narcotráfico. El club de los expresidentes latinoamericanos —entre ellos, Ricardo Lagos— ya llegó a esa conclusión.
Quedan, finalmente, las consideraciones prácticas de una eventual legalización de la marihuana. Mientras los activistas cannábicos de izquierda sueñan con un monopolio estatal a la uruguaya, para así evitar que la marihuana se vuelva otro negocio neoliberal, otros piensan que un mercado regulado a la californiana sería lo ideal. Los asistentes al último Expo Weed, una especie de FISA de la marihuana, pudieron atestiguar que hay un hambre comercial en la grilla de largada, lista para el disparo que dé inicio a la competencia. En el mundo de los vaporizadores de última generación y las semillas genéticamente modificadas, la estética no es Bob Marley sino Steve Jobs.
Por ahora, hay una sola causa que une a todos los consumidores habituales y esporádicos de marihuana: que el Estado deje de tratarlos como delincuentes. Que saque la discusión del ámbito penitenciario. Después verá si prefiere llevarla al ámbito de la prevención, del tratamiento terapéutico o de la mera información. Pero el mínimo común denominador es que el poder político, a través de la ley, deje de amenazarlos con cárcel por tener dos plantas en el jardín. Eso es todo. Y no es mucho pedir. Desde el deporte al espectáculo, el alcohol todo lo auspicia. Hasta frentes parlamentarios se forman para defender la industria pisquera nacional. Acá se pide algo más básico: el respeto a aquella máxima milliana que establece que, de no mediar daño evidente a terceros, todo individuo es soberano de sí mismo, de su propio cuerpo y de su propio espíritu.
Publicada en Revista Capital.