El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” estipula que las disposiciones constitucionales deben adoptarse por dos tercios de la convención. Las materias que no quedan en la Constitución por no alcanzar ese quórum podrán ser posteriormente reguladas por ley aprobada por mayoría simple.
Esta consecuencia supone no solo un acuerdo previo sobre la necesidad de una nueva Constitución, sino también sobre sus instituciones fundamentales. Dos extremos resultan contrarios a la buena fe con que debe interpretarse el acuerdo. Ambos descansan en la errada idea de que el trabajo de la convención comienza con la aprobación de normas particulares por dos tercios. El primer extremo entiende que la tarea de la convención se agota en esa aprobación particular y que todo lo que no se apruebe queda entregado a la futura ley. Ignora que el sentido de toda norma individual depende en una medida importante del sistema al que pertenece. Sin una previa definición de los principios básicos de este sistema, la aprobación de normas individuales se haría a ciegas. El segundo extremo afirma que todo el trabajo de la convención queda sujeto a una ratificación final, por dos tercios, del conjunto de disposiciones que habrán sido individualmente incluidas durante el trabajo de la comisión. Sin esta aprobación no habría texto que plebiscitar y seguiría vigente la actual Constitución. A espaldas de un plebiscito de entrada a favor de una nueva constitución, este sería un escenario trágico. Ninguna fuerza política responsable puede apostar a tal desenlace. Una eventual votación final del texto completo solo puede ser una formalidad que cierre simbólicamente la tarea de la convención.
El proceder de la convención será irracional sin un acuerdo inicial que también deberá ser zanjado por dos tercios. Este acuerdo no solo debe comprender, como se ha sugerido, la definición de las materias que la nueva Constitución deberá regular (por ejemplo, régimen de gobierno). Se debe extender a los principios fundamentales con que dichas materias serán tratadas (presidencial o parlamentario). Solo este acuerdo inicial dotará de sentido a la votación de normas particulares y garantizará que una eventual votación global final tenga solo un carácter ritual y no el de un peligroso veto.
El principal problema es la falta de proyectos constitucionales sustantivos en la centroizquierda. Su bandera ha sido acabar con la actual Constitución. Esta meta ya ha sido alcanzada, pues no parece probable que el plebiscito de abril cierre el proceso constituyente. Se desconoce sin embargo un proyecto positivo que fije los términos de la negociación. El proyecto de nueva Constitución enviado al Congreso al final del gobierno de Bachelet no cumple tal función, al punto que el curioso llamado de uno de sus escasos promotores a leerla cayó en oídos sordos. El mayor desafío que hoy tiene la centroizquierda institucional para el éxito del proceso constituyente es llegar a octubre con ideas constitucionales claras. Sin ellas, el trabajo de la convención será infernal.
Publicada en La Tercera.