El desarrollo de un país no solo depende del dinamismo del sector privado y de la eficiencia del Estado. La sociedad civil organizada juega un rol clave para canalizar temas emergentes de asuntos públicos, reduciendo el conflicto y generando espacios de cooperación. Esta realidad ha quedado a la vista en esta pandemia: dada su cercanía y legitimidad ante la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han tenido la capacidad de apoyar con soluciones ágiles e integrales a los más afectados. Sin embargo, las propias OSC también se han visto afectadas por la crisis enfrentando problemas para operar, más gastos por medidas sanitarias, y dificultades para obtener aportes privados.
El denominado tercer sector ha crecido en número en Chile, sumando ya 320 mil entidades, sin encontrar un correlato en políticas públicas bien articuladas para potenciar su sostenibilidad. Una fuente esencial para ello es la filantropía, entendida como las donaciones en tiempo, especie y dinero que realizan ciudadanos, empresas y fundaciones. A través de estos aportes voluntarios, cada donante participa en forma proactiva del bienestar de la sociedad, en la medida en que apoya, promueve y legitima las diversas causas de beneficio público que resuelven las organizaciones de la sociedad civil.
Nuestro país, al igual que República Dominicana, Nicaragua y Brasil, ha carecido de una visión integral para impulsar las donaciones. Desde los años 90, hemos avanzado con leyes parciales, creando un marco disperso, con diez leyes principales y más de 60 normas, donde solo se incentivan las donaciones a algunos sectores, castigando otros con un impuesto. Un reciente estudio de la OCDE muestra que Chile está entre los pocos países que excluyen de los incentivos tributarios el cuidado de la salud, el medioambiente, las organizaciones sociales, el cuidado animal y derechos humanos, temas que la ciudadanía busca resolver y esperan que sean abordados a través de políticas públicas.
La dispersión legislativa no es inocua. Ella obliga a las organizaciones de la sociedad civil a navegar por este enjambre legislativo incoherente entre sí, a acreditarse cada vez y con distintas reglas ante diversas agencias públicas, presentar proyectos y sufrir una enorme carga administrativa de rendiciones parciales. Sumado a ello, contamos con un pobre sistema de transparencia que no fortalece la confianza y debilita la protección contra el mal uso, la evasión tributaria o el financiamiento de actividades ilícitas. Las reglas se convierten entonces en una barrera de entrada a la participación de organizaciones de la sociedad civil y donantes, que deben arbitrar entre distintas leyes y contar con las asesorías de expertos para no errar a la hora de donar.
¿Cuál es el mejor camino? Tras un profundo análisis, 16 centros de estudios que representan distintas visiones políticas se han unido para proponer una Ley General de Donaciones, esto es, un marco integrado para regular las donaciones. Buscamos un sistema simple con el fin de democratizar la participación de distintos actores, especialmente las OSC de menor tamaño que carecen de los recursos para navegar en sistemas complejos y dispersos. Junto con ello, proponemos incentivos movilizadores con especial énfasis en regiones y una agencia pública que no solo supervise, sino que también promueva el sistema, generando la capacidad para que todas las organizaciones puedan movilizar a personas y empresas a apoyar su labor. Esta propuesta recoge el viejo anhelo planteado por agrupaciones de la sociedad civil desde el año 2002 de contar con una ley única de donaciones, y acoge las recomendaciones de la OCDE de contar con sistemas simples, un registro único de organizaciones donatarias y un sistema robusto de reportabilidad y transparencia.
En el último tiempo, el actual Congreso ha mostrado una gran disposición a legislar a favor de las donaciones, y el programa del actual Gobierno incluye una ley única en esta materia. Es hora de dar urgencia a un nuevo marco legal integral de donaciones que fortalezca a la sociedad civil y su importante rol público.
Escrita con: Claudio Alvarado R., Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Sylvia Eyzaguirre, CEP, Sebastián Izquierdo, Horizontal, Victoria Hurtado, Espacio Público, Sebastián Guerrero, Instituto Libertad, Alejandra Krauss, Chile 21, Javiera Parada, Un Camino Posible.
Publicada en El Mercurio.