En Chile hasta 1981 existían sólo ocho universidades (dos estatales y seis privadas). Ese año se permitió la entrada de nuevas universidades y se convirtió cada sede regional de las universidades estatales en universidad independiente. La reforma definió además que ese grupo de universidades, por el sólo hecho de existir en 1981, pasaran a formar parte del exclusivo y cerrado grupo del Consejo de Rectores (CRUCh).
Su misión se definió como “la coordinación a nivel nacional de la actividad académica de las 25 universidades que lo conforman”. Como resultado del cumplimiento de esta misión es que se han implementado políticas públicas en educación superior que han favorecido abiertamente a universidades del Consejo de Rectores. Es así como han tenido privilegios respecto de las otras universidades en el financiamiento, el crédito universitario y en el acceso a fondos concursables. La pregunta de fondo es si como país estamos destinando recursos a las mejores universidades al privilegiar al CRUCh.
Las universidades generan al país un aporte importante en docencia e investigación, lo cual produce externalidades positivas. Adicionalmente, la investigación al generar conocimiento produce un bien público. Capturar las externalidades positivas y producir el nivel óptimo de bien público requieren de la intervención del Estado y justifican la existencia de subsidios al quehacer de las universidades. Incluso podría justificar diferencias en el financiamiento público, con mayores recursos a universidades que hacen investigación y no sólo docencia. Es razonable también que el Estado, como dueño, entregue con transparencia aportes directos a las estatales. Así ocurre en gran parte del mundo, y hay universidades estatales en EEUU como Berkeley, UCLA o Michigan que no sólo conviven, sino que compiten exitosamente con universidades privadas. Sin embargo, dentro del Consejo de Rectores hay universidades estatales y privadas, hay universidades que hacen investigación y otras que son sólo docentes, hay universidades buenas y otras malas. ¿Por qué entonces los privilegios?
Da la impresión de que al final el CRUCh terminó convertido en un cartel para repartirse recursos públicos y es así como hemos visto en el último tiempo algunos signos de división. El origen de la disputa es la propuesta de las universidades estatales para obtener un “nuevo trato” del Estado hacia ellas en términos de financiamiento. La reacción de un grupo de rectores de universidades privadas “tradicionales” refleja una inconsistencia increíble: “… planteamos la necesidad de mantener, por parte del Estado, un trato equitativo para las universidades de carácter público, sin importar el origen de su propiedad…”. Lo curioso es que no plantean que el trato equitativo sea sin importar si las universidades pertenecen al CRUCh o no. Al parecer, está bien excluir universidades siempre y cuando no sea la mía. ¿O acaso hay algún buen argumento para que sea bueno discriminar universidades por fecha y malo por propiedad?
De igual forma, el rector de una universidad privada “tradicional” critica que las universidades del Estado quieran “gozar de un trato especial”. Estos argumentos sólo reflejan un doble estándar que me parece inaceptable, ya que implican que está mal discriminar entre universidades públicas y privadas, pero está bien discriminar entre las del CRUCh y el resto. Es decir, si se reparte arbitrariamente la plata entre unos pocos pero estoy incluido está bien, y si no entonces está mal. ¿Mejoraremos la calidad de la educación superior así? ¿Destinaremos recursos a las universidades de mejor calidad de esa forma?
La respuesta es obviamente no y creo que llegó el momento de suprimir el CRUCh. Esa es la recomendación de la OCDE en su informe sobre educación superior, al señalar que “la división entre instituciones incluidas o no en el Consejo de Rectores pertenece al pasado y necesita ser superada”, y que “todas las instituciones que reciben aportes fiscales directos o indirectos deben estar obligadas a la transparencia y sujetas a supervisión pública en el uso de los recursos”.
El informe propone transformar los aportes estatales directos para que estén disponibles a todas las instituciones acreditadas de acuerdo con su desempeño y no a criterios históricos. De igual forma plantea asociar el crédito y las becas a la calidad y relevancia de la carrera, no a si la institución está o no en el CRUCh.
Personalmente, creo además que el financiamiento debe ir asociado a exigencias mínimas. Por ejemplo, en EEUU las universidades estatales no pueden discriminar ni educacional ni laboralmente por raza, religión, discapacidad, género u orientación sexual. En Chile lo menos que debería exigir el Estado a las universidades del CRUCh que financia directamente es una política similar, a la que agregaría respetar la libertad académica. Hay universidades en el CRUCh donde hay temas de investigación prohibidos y hace no mucho se expulsó a un académico por las conclusiones de su investigación científica que mostraban que no había evidencia de que la píldora del día después fuera abortiva.
Este tipo de conductas atenta contra el deber ser de una universidad y no me parece que con los impuestos de todos debamos financiar universidades que atentan contra la esencia de una universidad, en especial si la razón del financiamiento público es capturar las externalidades positivas que generan la investigación y docencia de calidad. El quiebre del CRUCh es una oportunidad para discutir y decidir, sin temor y sin vetos, qué tipo de universidades queremos financiar y a cambio de qué.