El Gobierno lanzó sus lineamientos de cómo se procedería en caso de que fuera necesario un salvataje a compañías sistémicamente importantes. En términos gruesos, el documento del Gobierno parece un buen punto de partida, porque no se casa demasiado con enfoques particulares.

Por otro lado, también estos días circulan propuestas más específicas. Por ejemplo, este fin de semana algunas aerolíneas pedían garantías estatales. No son los únicos. Algunos académicos y Directores de Empresas sugirieron una garantía donde el Estado se haría dueño de parte de la empresa, pero solo en caso de que la garantía se ejecute. Imaginemos que el Estado garantiza US$ 500 millones en deuda de una compañía, luego entonces la empresa beneficiada emite bonos en el mercado, endeudándose a una tasa razonable. El mercado no cobraría caro, porque los bonos tendrían un seguro por parte de papá Fisco.

¿Qué pasaría si las cosas van bien? Entonces, la empresa paga y el Estado se beneficia de ese rebote en actividad en el país, mediante empleos, impuestos y el valor de los proveedores. Quizás ello no sea suficiente para compensar el riesgo corrido por el Fisco, o quizás sí. Habría que calcularlo caso a caso.  ¿Pero qué pasaría si las cosas van mal? Ahí el Estado debiera pagar a los bonistas. A cambio, sólo en ese escenario el Estado se quedaría con un porcentaje relevante de las acciones de la empresa ¿Pero cuánto valdrían esas acciones del Estado? Anticipo que el precio sería muy bajo. Si la empresa no puede ni servir ni restructurar su deuda, entonces malamente quedarán excedentes de flujos futuros a los accionistas. Sería como una casa que se siempre se quema cuando el banco quiere ejecutar la hipoteca. Por eso, no puede ser el único precio a pagar.

Como decía, si yo controlara una empresa grande, me encantaría recibir una garantía estatal gratis. Me ha tocado medir lo maravilloso que puede ser para ciertas empresas contar con eso. Por ejemplo, en el mundo un banco estatal con la garantía implícita del Fisco puede subir sus utilidades en 25%. En el caso de empresas de commodities y no-financieras, el premio en sus bonos también es muy alto. O sea, las garantías significan mucha plata, y lo correcto es que si el Estado las entrega a empresas privadas, entonces cobre adecuadamente por ellas. Por otro lado, proveer grandes garantías fiscales tampoco es gratis. Las agencias de riesgo crediticio estarán cada vez más atentas a los pasivos contingentes que adquiera el fisco. Si el Fisco asume muchas garantías, eso puede subir la tasa a la que nos endeudamos en todos los proyectos. Resumiendo, otorgar garantías estatales a grandes empresas es un proyecto público que debe evaluarse social y fiscalmente – aunque no corra dinero en efectivo. Las garantías deben ser remuneradas con un precio justo, quizás con patrimonio a todo evento, como lo hizo Alemania.

Publicada en La Segunda.