El gobierno alista una propuesta de portabilidad de créditos personales. Bienvenida iniciativa que baja los costos de cambio entre instituciones financieras y promueve una mayor competencia en beneficio de los consumidores. Pero esto es solo la punta del iceberg. Tal vez debiéramos preguntarnos cómo extender la portabilidad a otras áreas. Y aquí un tema de fondo es la portabilidad de los datos personales, cuya condición necesaria es una adecuada definición de su derecho de propiedad.
Tomemos el caso de la portabilidad numérica en telefonía. Aquí un simple cambio lo revolucionó todo: que el número telefónico fuera propiedad de las personas y no de las empresas. Armados del derecho de propiedad sobre ese dato clave, pudimos movernos entre compañías sin incurrir en el gravoso costo de que nuestra red de contactos perdiera nuestro número. ¿Resultado? Competencia a la vena con nuevos actores, mejores planes y menores tarifas.
Otro ejemplo del poder de la propiedad de los datos es el proyecto de información comercial que, lamentablemente, duerme en el Congreso desde 2011. ¿Su corazón? La propiedad sobre el historial crediticio de las personas, principalmente en el retail. ¿Quién es dueño de esos datos? ¿Las empresas o las personas? El proyecto optaba por estas últimas, permitiéndoles abrir esa información a otras instituciones financieras. Esto hubiera generado más competencia y mejores condiciones crediticias que las de quedar amarrado con un solo tipo de oferente.
Uno puede imaginar múltiples otras aplicaciones. Pensemos, por ejemplo, en nuestro historial médico. ¿Alguno de nosotros tiene un registro sistematizado de todas sus consultas, exámenes, operaciones, enfermedades y un largo etc.? ¿Muy descabellado pensar en una carpeta digital personal que se cargue en tiempo real con los datos de cada prestación recibida, independientemente de la institución que la haya hecho? Parecen claras las ventajas que esto tendría para mejores diagnósticos, evitar duplicidad de prestaciones y fomentar la movilidad de pacientes entre prestadores de salud.
Las redes sociales son otro caso de interés. Si usted quisiera cambiarse a un competidor de, digamos, Facebook, perdería todas sus conexiones digitales (likes, contactos, redes, etc). Y, con ello, toda su valiosa vida virtual. Como con el número telefónico, el costo de cambio podría ser prohibitivo. Esto exacerba las externalidades de red y limita la competencia. Aunque en apariencia usted no paga por el atractivo servicio, el precio oculto es ceder valiosa información personal, cuya concentrada venta supone enorme poder. Mucho cambiaría si la propiedad sobre las conexiones digitales fuera de las personas, como propone Luigi Zingales, economista de la Universidad de Chicago.
Se dice que los datos –en especial los personales- son el petróleo del siglo 21. La pregunta última es de quién es la propiedad. De la respuesta que demos no sólo se siguen consecuencias económicas y de competencia, sino que también políticas. Y es que al final del día, se trata nada menos que de cómo distribuir el poder.
Publicada en La Tercera.