La entrevista que esta semana dio el ex frentista Mauricio Hernández Norambuena desde la cárcel, en la que catalogó el asesinato del exsenador Jaime Guzmán como un “error político”, pero “una operación justa, del punto de vista ético”, causó más de un debate, tanto respecto de la libertad de informar, como sobre la reivindicación de un acto en extremo violento, ocurrido tras el término de la dictadura, en plena democracia.

Mientras el gobierno y el oficialismo se apuraron en criticar la aparición del reo en las pantallas de televisión, otros intentaron restarse del debate, haciendo oídos sordos a las peticiones de condenas sociales y públicas. De hecho, la tierra fue infértil respecto de la solicitud de los diputados de la UDI para que la Cámara Baja se pronunciara en contra de las palabras del “comandante Ramiro”, lo que fue desechado por votación mayoritaria, pues varios consideraron que un pronunciamiento así atentaría contra la libertad de expresión.

Lo cierto es que más allá de los dichos de Hernández Norambuena, la violencia se ha transformado en un tópico de debate, sin una postura común ni tajante al respecto. El estallido social de octubre de 2019 fue el punto de partida de una discusión que no se ha agotado y sobre la cual no existe una posición consensuada.

¿Fueron violencia las manifestaciones de 2019? ¿Es violencia la aparición de manifestantes cada viernes en Plaza Italia (o Plaza de la Dignidad, como se le conoce hoy) o más bien es una muestra política de descontento con el sistema imperante? ¿Es una apología a la violencia darle pantalla a un reo preso por asesinatos y secuestros o es parte de la legítima libertad de expresión?

El debate en torno a estas temáticas da cuenta de que como sociedad relativizamos el valor de la paz dependiendo del momento y las circunstancias.

De hecho, en la encuesta Cadem dada a conocer a fines de noviembre de 2019, un 46% de los encuestados explicaba los casos de violencia como un resultado del descontento social (¿sería legítimo entonces?) y en la CEP de fines de 2019, los consultados se mostraban mayoritariamente “enojados” por cómo estaban las cosas en el país en la época del estallido (50%). No obstante, más de un 80% advertía que nunca justificaría la participación en destrozos, saqueos o incendios.

Pero lo cierto es que la violencia se ha tomado las calles, se ha mantenido en el tiempo (pese a la pandemia y las cuarentenas) y el debate se ha convertido en un continuo. A la aparición diaria en los medios de distintas formas de crímenes (léase “abordazos”, “encerronas” y una serie de conceptos más que hemos ido añadiendo a nuestro vocabulario), se han agregado situaciones en las que la fuerza ha ganado terreno y que son amplificadas por las redes sociales, convirtiéndolas en un show espectacularizante.

Así, todos pudimos ver casi en vivo y en directo una pelea entre conductores en Santiago, donde tras amenazar a su contraparte con un martillo, un hombre terminó atropellado y aplastado contra su propio vehículo. Murió solo unas horas después.

En paralelo, aquí en la región hemos visto cómo un candidato a concejal, Jorge Parra, decidió hacer su campaña en base a una apología de la dictadura de Pinochet, y a su vez ha sido amenazado literalmente con ser quemado vivo; mientras en El Tabo un bebé de seis meses murió producto de un enfrentamiento a tiros y lo mismo sucedió en estos días con un vecino de Reñaca Alto.

Como sociedad nos escandalizamos cada tanto, pero no tenemos una postura común respecto de estos hechos y desde la clase política muchas veces algunas situaciones se matizan con explicaciones justificantes, mientras otras son cuestionadas. Pero no hay una vara común.

En una columna de 2020 a raíz de los coletazos del estallido social, la doctora en Filosofía Sylvia Eyzaguirre planteaba que “probablemente, estos actos de violencia han dejado en evidencia la ausencia de poder que hay en el país producto de una crisis política que se arrastra hace ya varios años”. Y efectivamente, la ausencia de una agenda política clara y común en contra de la violencia puede ser uno de los elementos que explique el que la fuerza no se condene e incluso, a ratos se defienda.

Como dijo el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, “lo que hace falta en este país, es que, de una vez por todas, todos los sectores condenen la violencia y la condenen en forma categórica y no con medias tintas”. Mientras no haya un consenso social así de taxativo, respecto de todos los tipos de violencia, seguiremos a merced de la ley del más fuerte (o el con más armas).

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.