La preocupación pública por la violencia doméstica y su rearticulación como igualdad de género renueva el cuestionamiento sobre los derechos fundamentales. Ciertas garantías constitucionales han afectado desproporcionadamente a las mujeres. Una de ellas ha sido la inviolabilidad del hogar. Ha sido considerado como el ámbito privado e íntimo de las personas, lo que también ha afectado la aplicación de la justicia. Siendo el espacio de la autonomía individual, el ámbito del libre consentimiento, el hogar ha materializado la separación entre las esferas pública/política y privada/doméstica. En consecuencia, también ha trazado una nítida separación entre el derecho civil y el penal, porque la ley debería intervenir allí lo menos posible y sólo en razón del interés público.
En este orden jurídico el hogar no se reduce a la habitación de una familia, sino que aparece como una entidad real de la que se desprenden consecuencias legales. Una de éstas ha sido que las relaciones familiares que allí se desenvuelven tienen un alcance más allá de la autonomía de la voluntad; porque los derechos individuales se entrelazan con otros que emergen de los vínculos familiares y que están sujetos a una finalidad superior, por sobre los integrantes de la familia individualmente considerados. Esta tensión entre el estatuto protector de la familia y los derechos fundamentales ha sido manifiesta en las políticas sobre violencia doméstica en la medida en que los principios de igualdad y protección al más débil han reclamado con fuerza la intervención estatal.
Las reformas legales han operado un giro que redefine el principio de privacidad respecto de la violencia doméstica como un problema no sólo de orden civil, sino que también de carácter político que legitima intervenir en lo que allí sucede. Este año 2020 termina con la triste cifra de 40 femicidios consumados y 147 frustrados. Estos casos son testimonio de las insondables experiencias que ha significado la inviolabilidad del hogar para la mujer. Rastrear algunos sentidos en la ley muestra que ha sido un proceso de limitación de las prerrogativas masculinas más que de ampliación de los derechos de la mujer.
Publicado en La Segunda