De la mano del covid-19 hemos caminado por una gran crisis sanitaria, pero también laboral y económica. Ahora el dilema es cómo convivir con el coronavirus, conciliando salud con la mantención de los empleos que quedan y la recuperación de los empleos que se perdieron. La respuesta está en la acción colectiva de trabajadores, empresas y el Gobierno para establecer estándares que digan cómo manejar el riesgo de contagio en los lugares de trabajo. Estos estándares son necesarios para que las autoridades de salud y del trabajo actúen con eficacia y coherencia, los trabajadores estén y se sientan seguros, y las plantas, faenas y obras continúen funcionando.
En Chile nos cuesta actuar colectivamente. Pero el desempleo es la peor pandemia. A partir de esa reflexión y liderados por uno de nosotros, un grupo de sindicatos de trabajadores faeneros que construyen los grandes proyectos mineros ha negociado con las empresas mineras y constructoras. Se trata de adaptarse al covid-19 flexibilizando condiciones y de esa manera conciliar salud, la continuidad de las faenas y la mantención de empleos.
Cada proyecto tiene sus características y necesita una solución ad hoc. En algunos casos las condiciones hicieron necesario alargar los turnos a 14 por 14 (14 días trabajados y 14 días de descanso) e incluso 20 por 20. En otros proyectos se han adecuado casinos y comedores, y los campamentos se han ampliado para que cada trabajador duerma en una pieza separada. Y también trabajadores y empresas acordaron solicitar la reapertura de los aeródromos de Illapel y Barriles para que los trabajadores armadores no corran el riesgo de contagiarse al trasladarse.
La clave en la flexibilización de jornadas, o en la reconfiguración de los campamentos, es que emergió de la negociación y el acuerdo informado de las partes, y no fueron impuestos desde arriba. La negociación permite mantener los convenios colectivos y las conquistas laborales, a las que los sindicatos no pueden renunciar, y a la vez flexibilizar las condiciones de trabajo, las cuales son necesarias para mitigar los riesgos de contagio, darles confianza a los trabajadores y permitir la continuidad de las faenas. Más allá de eso, gracias al diálogo y la negociación informada, los trabajadores y las empresas mineras y constructoras están identificando su interés común y negociando para materializarlo, la característica fundamental de la acción colectiva. Al hacerlo no solo se benefician ellos, sino que benefician a todo el país.
Pero la acción colectiva de trabajadores y empresas no basta, porque las autoridades competentes deben inspeccionar y autorizar los acuerdos y establecer estándares que guíen las negociaciones entre trabajadores y empresas. Por ejemplo, para flexibilizar jornadas se necesita la venia de la Dirección del Trabajo, la que no siempre ha entendido que en esta crisis se requiere innovar para garantizar la salud de los trabajadores. Una jornada de 20 por 20 puede parecer mucho en tiempos normales, pero no lo es en una emergencia como la de hoy. De manera similar, para ampliar casinos y campamentos es indispensable la inspección de la autoridad de salud. Durante una pandemia estas autorizaciones son urgentes y no pueden, como a veces ocurre, demorar dos meses. De no recibirse los nuevos campamentos, no se puede mitigar el riesgo de contagio y el único ajuste posible es parar las obras y despedir trabajadores.
Las autoridades están para hacer cumplir la ley, y nadie lo discute. Sin embargo, durante una situación de emergencia se les pide algo más, a saber, actuar con la celeridad que la preservación de empleos requiere y ocupar su discreción para permitir que los acuerdos libres tomados entre partes informadas, trabajadores y empresas, se materialicen.
A la acción colectiva también se deben sumar los legisladores, actuando con la prudencia que la emergencia amerita. Un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley para detener las faenas mineras, con la intención de proteger la salud de los trabajadores. Sin embargo, esta “solución” impuesta desde arriba ignora a quienes entienden el problema porque están en el terreno, y solo destruirá empleos. Tanto por procedimiento como por contenido es la antítesis de cómo se deben tomar las decisiones colectivas.
La minería se caracteriza por tener los estándares de seguridad más exigentes. Si la acción colectiva de trabajadores, empresas y el Gobierno funciona ahí, cuida la salud de los trabajadores y mantiene los empleos, se habrá establecido un estándar de seguridad y colaboración que puede guiar cómo debe hacerse la reapertura en el resto de la economía. A ese estándar deberían plegarse el resto de las industrias y las autoridades competentes, para que volvamos al trabajo de manera segura y negociada. Es la gran oportunidad.
Alexander Galetovic, Senior Fellow, UAI y Miguel González, Dirigente Sindical.
Publicado en El Mercurio.