En poco más de una década la derecha ha conseguido gobernar dos veces: esa es una de las razones que explica por qué los consensos mínimos generados desde el retorno a la democracia terminaron por sucumbir. En efecto, perdido el poder luego de veinte años y cuatro administraciones sucesivas, la ex Concertación giró con rapidez y sin pudor hacia posiciones refundacionales. Desde ese momento, la lógica de la retroexcavadora buscó impedir que la derecha pudiera ejercer con un mínimo de normalidad; y si para lograr aquello era imprescindible demoler gran parte de lo construido desde 1990, la centroizquierda no tuvo problema en hacerlo. Como quedaría asentado a partir del estallido social, confirmar la inviabilidad de la derecha como alternativa de gobierno valía cualquier precio.
Ahora la Convención Constitucional pretende generar un sistema político donde el riesgo de la alternancia, es decir, la posibilidad de que la derecha pueda volver a ganar elecciones, se reduzca al mínimo. En rigor, el modelo propuesto descansa sobre un “unicameralismo de facto”, donde el poder de la mayoría simple en la cámara política se convierte en el factor gravitante, frente a una autoridad presidencial cuyas atribuciones exclusivas y poder de veto se ven, en contraste, severamente disminuidos. A ello se agrega la desaparición del Senado y de su rol como instancia revisora, para ser reemplazado por una Cámara de las Regiones que adolece de funciones legislativas.
Pero donde el objetivo de limitar el ejercicio de la alternancia se hace finalmente prístino es en la decisión de dejar al sistema electoral como una materia de ley, permitiendo por tanto que una mayoría simple pueda modificarlo, incluido el rediseño de los distritos, a su entera conveniencia. Como si no fuera suficiente, dicha mayoría podrá también revocar el mandato de los propios parlamentarios, o sea, de los eventuales representantes de la minoría. Una forma de asegurarse el control hegemónico sobre el sistema político y de hacer, en la práctica, muy improbable que una mayoría pueda ser remplazada por otra.
En síntesis, el sueño de ver a la derecha condenada a ser oposición permanente, maniatada no solo a su supuesta ilegitimidad moral para gobernar, sino también desde ahora, a una inferioridad estructural. Porque la posibilidad de que la mayoría de la Convención diseñe un sistema político con este grado de desequilibrios y desbalances, para que el día de mañana ellos puedan caer en manos de sus adversarios, es simplemente absurdo. No, aquí lo que se busca es construir un orden donde el riesgo de la alternancia quede reducido al mínimo, donde la democracia se vea sometida a un nuevo juego de enclaves institucionales, reforzado por cuotas y escaños reservados, suprimiendo el principio de igualdad ante la ley.
Una nueva forma de “democracia protegida”, resultado de un engranaje institucional construido por un sector político en función de sus propios intereses.
Publicada en La Tercera,