Esta columna fue escrita junto a Rafael Sousa, Director General Icc Crisis.
Es difícil exagerar la relevancia del momento que está atravesando Chile por estos días. Millones de personas en las calles de todas las ciudades, protestan por mejoras radicales en casi todos los aspectos de sus vidas. Paralelamente, grupos cuya identidad y organización sólo sospechamos, operan destruyendo las arterias de nuestro sistema transporte, comercio, abastecimiento, servicios y símbolos. Probablemente en la mayor parte de la ciudadanía conviven el temor y la esperanza, los deseos de orden y cambio. En la tensión entre estos valores, el país se está jugando su futuro.
Pero es en estos momentos, cuando vale la pena detenerse a mirar con perspectiva para encontrar respuestas que nos orienten hacia un estado mejor. En este sentido, lo primero es entender que lo que está pasando en Chile forma parte de un fenómeno global, que ciertamente se manifiesta en nuestro país con las complejidades propias de nuestro nivel de desarrollo e historia. El estudio World Protest 2006 – 2013 ya mostraba un fuerte y constante crecimiento, año tras año, en el número de protestas en el mundo. La principal demanda identificada era “justicia económica”. En ese periodo hubo 32 protestas por el sistema de pensiones, 84 por los bajos estándares de vida, 113 por la desigualdad y 133 por justicia tributaria. El informe apuntaba que estas protestas se dan mayoritariamente en países de altos ingresos, que tienen como objetivo gobiernos que son (en principio) menos represivos y en países con niveles de educación más altos. Esto despeja la contradicción aparente entre los avances económicos que Chile ha tenido en los últimos 30 años y al auge de las movilizaciones sociales a partir de 2006: las sociedades que se desarrollan son menos tolerantes a las situaciones que evalúan como injustas, tanto como a tener un nivel de vida por debajo de sus expectativas.
Pero el asunto de fondo es cómo nuestra institucionalidad política dará respuesta a las demandas y qué liderazgos se impondrán en el futuro cercano. Más allá de los discursos, en la práctica hay actores influyentes que quieren orden sin cambios y otros que quieren cambios sin orden. Corremos un serio peligro de que el debate se polarice en este eje, dejando en una posición de irrelevancia a los actores que busquen armonizar orden y cambio.
El punto de partida para dar respuesta a demandas difíciles de decodificar, es entender qué variables y en qué medida inciden en el ánimo de las personas hacia quienes conducen al país, es decir, qué escenario es necesario construir para que las personas confíen en que vamos a empezar a caminar por un camino mejor. Esta es una construcción extremadamente (y cada vez más) compleja y dinámica, en la que incide lo que podríamos llamar “realidad objetivable” pero, especialmente, la interpretación que hacemos de esta realidad.
La economía es uno de los temas centrales para las personas y buena parte de las demandas ciudadanas que se han hecho escuchar en el marco de las movilizaciones tienen que ver con esta dimensión. Un análisis a una serie larga de encuestas (Latinobarómetro 2002 – 2018), nos muestra que no existe prácticamente ninguna correlación entre la evaluación que las personas hacen sobre la situación económica del país y la aprobación hacia la gestión de los Presidentes. Sin embargo, la aprobación a la gestión presidencial sí tiene una correlación considerable (r2 = 0,57) con la proyección que los entrevistados hacen sobre la situación económica futura propia y de su familia. Lo que concluimos de esto es que las personas no juzgan tanto al Gobierno por la coyuntura económica, que responde a variables que muchas veces el Ejecutivo no controla, cómo por la capacidad de transmitir esperanza sobre un futuro más próspero.
Pero otras correlaciones son igualmente o más relevantes. La aprobación hacia la gestión presidencial está negativamente correlacionada con la percepción de injusticia en la distribución de ingresos (r2 = 0,57) y, más aún, con la idea de que Chile es gobernado por grupos poderosos en su propio beneficio (r2 = 0,71). Esto es lo que hace relevantes las medidas que busquen suprimir privilegios injustificados.
Las tres conclusiones a las que nos llevan los datos expuestos son que las demandas manifestadas en el marco de las protestas son coherentes con nuestro estado de desarrollo, por lo que es necesario hacerse cargo estructuralmente; que las personas necesitan volver a darle crédito a las promesas de sus líderes; y que el alivio económico es, políticamente, tan importante como la sensación de justicia para todos, la idea de que todos compartimos un destino común y estamos sometidos a las mismas reglas.
Publicada en La Tercera.