Pareciera un déjà vu. Las imágenes de carabineros corriendo detrás de los manifestantes, mientras estos escapan a toda máquina, podrían ser de octubre del año pasado. Pero no. Son de hace unos días y terminaron con un hecho gravísimo: un joven tendido en el lecho del río Mapocho, con sangre a su alrededor, inconsciente, mientras los policías solo miraban desde el puente Pío Nono, sin hacer nada. Uno de ellos permanece en prisión preventiva por homicidio frustrado.

A muchos kilómetros de allí, otra situación que lamentablemente se ha hecho habitual en La Araucanía: un trabajador terminó muerto luego de un atentado en Cañete.

Justo cuando hoy se conmemora un año desde el estallido social en Chile -la manifestación ciudadana más masiva de la que se tenga registro desde el regreso de la democracia-, en ambos casos, la falta de una policía uniformada que actúe a la altura de las circunstancias es el común denominador. En el primero, la salida de los protocolos y las actuaciones que obvian el respeto por los derechos humanos, marcan el actuar policial. En el segundo, un sistema de inteligencia que hace años no da el ancho, pero, además, un escenario en el que también se han cometido errores de forma y fondo, con personal que ha terminado no solo cuestionado por la sociedad civil, sino también por la justicia.

En el ojo del huracán, la permanencia del general director de Carabineros, Mario Rozas, a quien el Presidente Sebastián Piñera ha mantenido en su cargo, pese a que el clamor ciudadano y la oposición han exigido su salida en todos los tonos. “Constantemente se ha pedido mi renuncia, pero tengo un mandato presidencial que cumplir y que es encabezar esta reforma que hoy venimos trabajando por nueve meses. Yo me debo a mis carabineros”, fueron las palabras del mandamás de la policía uniformada esta semana, cuando su cabeza era pedida en redes sociales y en el mundo político.

La mantención de Rozas como líder de la institución -aun cuando no recuerde que no solo se debe a “sus” carabineros, sino también a la población- no es el único problema que la entidad tiene. La falta de confianza ciudadana en su actuar ha hecho que Carabineros pase de ser una de las “marcas” más valoradas por los chilenos, a estar constantemente cuestionada, situación que impacta derechamente en el respeto hacia sus efectivos y su actuar. La “mejor policía de América Latina” -como era considerada hace algunos años- ha pasado a ser una entidad controvertida, poco valorada y querida.

En la encuesta CEP de diciembre del año pasado, a dos meses del inicio del estallido social, se mostraba una realidad preocupante. En dos años, Carabineros había bajado 20 puntos en el sondeo y lideraba el listado de instituciones en las cuales la confianza de la ciudadanía había caído. Así, mientras en abril-mayo de 2017 llegaban a 37% de valoración, para diciembre de 2019 apenas alcanzaban el 17%.

Este 2020, sin embargo, a partir de la crisis sanitaria producto del coronavirus, la situación no se veía tan compleja, pues en la Cadem de abril se mostraba un alza de 14 puntos en un mes: de 35% en marzo, la confianza había subido a 49%. Pero en el sondeo Monitor de Seguridad de la Fundación Chile 21, realizado en julio de este año, los consultados afirmaron que las instituciones policiales en Chile no explican sus decisiones y acciones cuando se les pide (74%), discriminan según clase social (75%) y son ineficaces en el control del narcotráfico (65%), mientras el 63% consideraba que la mayor parte de las decisiones que toman no son justas.

Difícil panorama para la institución, que lleva años en un plan de reforma, que -pese a la necesidad apremiante- no se ha visto materializado.

En este escenario, la convocatoria del Presidente Sebastián Piñera del Consejo para la Modernización de Carabineros -en la que participó el Poder Judicial, la Contraloría, representantes de los DD.HH. y otras autoridades- es una buena noticia. Pero no basta con que el Mandatario le “pase la pelota” al Congreso y pida acelerar los proyectos que “duermen” en el Legislativo. Es hora de que se le ponga urgencia a la reforma de Carabineros, de manera que esta caída libre en la que se encuentran de cara a la ciudadanía pueda ser revertida antes de que sea demasiado tarde, si ya no lo es.

Porque la violación a los DD.HH. es grave. También lo son la violencia de lado y lado, y la incapacidad de mantener el orden y la paz de manera civilizada. Revertirlo requiere de voluntad política de todos los sectores, pero también de un liderazgo del gobierno que, hasta ahora, no existe.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.