De acuerdo a las estadísticas del INE, cerca de un 30% de los trabajadores en Chile está ocupado de manera informal (cifras previas a la crisis que estalló a fines del año pasado y al covid-19) . Se trata de una fracción que fluctúa levemente con el ciclo económico y que más que se duplica en el quintil de menores ingresos. Esta definición de informalidad incluye a quienes trabajan para otros, tanto en el sector público como en el privado y en casas particulares, y que no tienen acceso a salud ni previsión social a través de su empleo. También incluye a los familiares no remunerados, y a los empleadores y trabajadores por cuenta propia que no están registrados ante el SII y que tampoco mantienen contabilidad separada de sus negocios y hogares.
Como bien documenta una extensa literatura, formalizarse significa beneficios y costos para quienes se ocupan de manera informal. Por un lado, permite acceder a la protección que proveen ciertas prestaciones de seguridad social y a algunos mercados formales, en particular al del crédito y la vivienda. Por el otro, trae costos monetarios y no monetarios, asociados a cumplir con diversas regulaciones laborales, tributarias y sanitarias, entre otras. Los ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda han conformado recientemente un consorcio universitario para atender la problemática de la informalidad laboral en Chile. Las preocupaciones que manifiestan los ministerios en su convocatoria se relacionan con el eventual impuesto al trabajo que puedan significar las contribuciones a seguridad social y con la duda de si el diseño de la política social favorece o no la informalidad. En general, tenemos poca certeza respecto de estas inquietudes.
La evidencia sobre si los empleadores evitan costos, con o sin acuerdo explícito de los trabajadores, cotizando por solo una parte de la remuneración o contratando por fuera de la formalidad, es más bien anecdótica y centrada en el caso de los trabajadores de casa particular. Lo mismo sucede respecto de la política social. Dado el sistema de focalización de beneficios con cortes abruptos en tramos del Registro Social de Hogares (RSH), las familias tienen motivaciones para buscar mecanismos para entrar a tramos favorecidos, alterando su comportamiento o la información que reportan a la autoridad. En efecto, dos familias prácticamente idénticas son, muchas veces, tratadas distinto por la política social, solo porque una está en el 40% y la otra en el 41% del RSH. Pero pasar a la informalidad no es la única manera de bajar de tramo. También, por ejemplo, se puede declarar que el hogar está compuesto por subhogares, de forma que al menos una parte de la familia acceda al beneficio, o sustituir un plan de Isapre caro por uno más barato.
Nuevamente, la evidencia respecto del uso de estos mecanismos es más bien una sospecha, y no conocemos la realidad a ciencia cierta. En este contexto, la creación del consorcio es muy bienvenida y espero tenga las herramientas y capacidades para generar un diagnóstico fehaciente de la realidad de la informalidad laboral en Chile y de los incentivos que enfrentan tanto los empleadores como los trabajadores y sus familias. Por cierto, también es posible avanzar al mismo tiempo en revisar el diseño de regulaciones y políticas. No es solo qué trámites se deben realizar ni a cuántas reparticiones del Estado responder al realizar una actividad económica de manera formal o informal. Es también la percepción y vivencia de que todas estas políticas y requisitos ayudarán a enfrentar necesidades. Reparar, por ejemplo, el sistema de pensiones es parte de esta agenda. El diseño de la focalización de beneficios también requiere de revisión.
Los cortes abruptos ya mencionados, que generan la sensación de injusticia e invitan a modificar el comportamiento, pueden resolverse graduando los beneficios a través de tramos de asignación y universalizando lo más posible las prestaciones. También se puede revisar si el nivel más apropiado de focalización es la familia o grupos más amplios, como la comunidad o la localidad. Por ejemplo, parece natural no distinguir entre niños y niñas en una misma escuela en los programas de alimentación o en la Subvención Escolar Preferencial. En otras palabras, habría que preguntarse a qué nivel deben darse las transformaciones requeridas para superar la pobreza y la vulnerabilidad. ¿Es siempre un problema puramente doméstico? Probablemente no.
Políticas en otros ámbitos también pueden ayudar, como un buen sistema de transporte público y uno de vivienda integrada. Evidencia para otros países de la región muestra que personas que viven en zonas alejadas tienen una mayor probabilidad de trabajar en empleos informales cerca de sus hogares. La hipótesis es que así no incurren en los altos costos en tiempo y dinero que significa desplazarse a donde están los empleos formales. La informalidad va cayendo lentamente en la medida en que los países se desarrollan. En parte, ello guarda relación con la mayor productividad que va de la mano del desarrollo, un ámbito adicional en el que trabajar en pos de una menor informalidad.
Publicado en El Mercurio