Sobre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación recaen muchas expectativas, pero tiene espacios limitados para satisfacerlas. Entre otras razones, porque se decidió dejarlo al margen de la distribución de los aportes basales o semibasales para la educación superior que permanecen en manos del Ministerio de Educación. Si bien las universidades no son las únicas instituciones para hacer realidad una estrategia que aborde estas dimensiones —en algunas de ellas, de hecho, están rezagadas—, son fundamentales en la creación de un ecosistema apropiado para el propósito que impulsó este nuevo Ministerio.

Más todavía cuando ellas seguirán recibiendo a través del presupuesto de Educación, independientemente del traspaso de Conicyt, una parte gruesa de los recursos que se destinan a los ámbitos que le interesan a esta novel repartición. Se podría argumentar que en otros organismos públicos también hay recursos que deberían estar al servicio de su estrategia. Pero, por el carácter de esos fondos, esa coordinación parece más fluida. De hecho, no es complejo imaginar a esta institución gestionando un conjunto de fondos, quizás cada uno con un Consejo, para satisfacer su propósito de la manera más efectiva y eficiente posible (de hecho, así está estructurado en la ley que creó el Ministerio, aunque con un espíritu más acotado).

El modelo europeo de financiamiento universitario —Estados Unidos es poco comparable en este asunto en particular— coloca habitualmente bajo una misma mano ambos financiamientos, esto es, el basal o semibasal y aquel que se canaliza a través de consejos de investigación u organismos similares. Es una forma de elevar la posibilidad de una estrategia consistente en este ámbito. La reforma reciente en Inglaterra, que colocó la asignación de fondos basales o semibasales en la institución que podría homologarse con nuestro nuevo Ministerio, es un ejemplo de lo que estamos argumentando.

En la actualidad, la política de financiamiento de las universidades está lejos de tener coherencia. Así, por ejemplo, los fondos del nuevo ministerio en principio están abiertos a todas las instituciones que presenten proyectos valiosos. Los administrados por el Ministerio de Educación, salvo los financiamientos estudiantiles, están cerrados a un grupo de universidades por razones históricas. Así, ocurren situaciones difíciles de comprender.

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Acreditación ha acreditado 15 universidades en las cinco áreas que considera el sistema, incluyendo investigación y docencia de posgrado. Hay un reconocimiento de que estas quince instituciones son complejas, están en vías de serlo o tienen claras aspiraciones de avanzar en ese propósito. Por cierto, sus volúmenes de investigación, el número de doctorados o el carácter de sus proyectos educativos difieren. Entre estas, cuatro son privadas creadas con posterioridad a 1981. Entre las once restantes, seis son privadas creadas antes de 1981, y cinco estatales. Pues bien, según el último Informe Fiscal a la Educación Superior de la Contraloría General de la República, el aporte estatal por estudiante en 2017 para el primer grupo de universidades fue de 1, 4 millones de pesos. Para las estatales, igual transferencia alcanzó a 3, 8 millones de pesos. Para las privadas históricas el aporte fue de 3, 4 millones de pesos.

Son brechas inentendibles, sobre todo porque estas universidades han sido acreditadas en las cinco áreas. Por cierto, no se trata de que los montos sean iguales. Hay al interior de este grupo, como dijimos, distinciones relevantes, pero que difícilmente pueden justificar estas diferencias en aportes.

Alguien podría sostener que las brechas reportadas son equívocas, porque la gratuidad solo reemplaza financiamiento privado, que la composición social de los estudiantes difiere mucho entre cada institución o que entre las creadas con posterioridad a 1981 hay dos que rechazaron sumarse a la gratuidad. Pues bien, descontados los aportes por gratuidad, el financiamiento estatal por estudiante para los tres grupos de universidades es de 0, 8, 2, 5 y 2, 3 millones de pesos, respectivamente. Las diferencias son más acotadas, pero tampoco fácilmente explicables.

Se puede entender que haya inercias en el financiamiento, complejidades para allegar más recursos o dificultades para sortear grupos de presión, pero la política pública debería reconocer esta situación y flexibilizarse, en lugar de rigidizar aún más esta realidad inexplicable.

Los aranceles de referencia y los regulados presentes y futuros, por ejemplo, profundizan esta situación al calcularse a partir de los aranceles o costos declarados, sin reconocer que los subsidios fiscales existentes son muy distintos entre universidades. Si esto no se reconoce, la insistencia en este enfoque se constituye en un obstáculo muy difícil de superar para las universidades que aspiran a avanzar en complejidad, pero que son sistemáticamente discriminadas en la definición de los aportes públicos. Así, la posibilidad de avanzar hacia un mejor ecosistema para la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación se reduce.