Hace un par de semanas, la Dirección de Presupuesto (DIPRES) publicó información indicando que Chile sería líder entre los países emergentes en el apoyo que el Estado ha prestado en la pandemia. El impulso fiscal chileno de 10% del PIB (unos US$ 30 mil millones) sería secundado por el de Turquía y Brasil, con 8,3% cada uno. Más lejos los seguiría Sudáfrica, con un 5,5% del PIB. Apenas una semana antes, Techo-Chile y Fundación Vivienda dieron a conocer los resultados del último Catastro Nacional de Campamentos. De acuerdo al estudio, en 2020 había más de 80 mil familias viviendo en casi mil campamentos. Esto es, en un año, aumentaron en un 74% las familias habitando en campamentos y en un 21%, el número de asentamientos.
Al mismo tiempo, el Banco Mundial publicó un estudio que estimaba que unos dos millones de personas de clase media habían retrocedido a la vulnerabilidad, Previamente, la Encuesta Social Covid-19, levantada por el Ministerio de Desarrollo Social, el PNUD y el INE, mostró que, a mediados del 2020, un 19% de los hogares enfrentó inseguridad alimentaria relevante. Esto es, experimentaron incertidumbre en su capacidad para conseguir alimentos y tuvieron que comprometer la calidad de lo consumido. En ocasiones, algunos de sus integrantes tuvieron incluso que saltarse comidas y experimentar hambre. En los dos primeros quintiles, un 30% de los hogares estuvo en esta situación. Hacia fines del año, las tasas se moderaron, pero siguieron altas (12% a nivel nacional, y 20% y 15% en los respectivos primeros quintiles). Así fue cómo se multiplicaron las ollas comunes.
Más de mil proyectos de alimentación postularon a un fondo especial de Fosis y otros 700, a uno de la Fundación Colunga. ¿Cómo conciliar el importante impulso fiscal anunciado por Dipres y este deterioro en la situación social de muchas familias en el país? Parte de la respuesta proviene de desmenuzar los 10 puntos del impulso fiscal. Incluyendo los pagos realizados hasta febrero, el apoyo que han recibido las familias es solo alrededor de un quinto de ese total.
Esto es, entre el Ingreso Familiar de Emergencia, las canastas de alimentos y los bonos Covid, clase media, transportistas y Navidad, el fisco ha gastado alrededor de un 2% del PIB. Esto significa que unos ocho millones de personas han recibido en promedio algo más de 540 mil al mes desde el Estado. Y los otros 8 puntos del PIB, ¿a qué se han dedicado? Un poco más de medio punto se ha ido a salud y a los municipios. Otra parte se fue a capitalizar el Banco Estado, a retrasar el pago de algunos impuestos, a rebajar temporalmente el impuesto a los timbres y estampillas, y a prestar fondos a la clase media. No todo se trata de gasto.
Es más, el grueso de la estimación de la Dipres se explica por los préstamos con garantía Fogape que han realizado los bancos (unos US$ 14 mil millones), además de los recursos que han salido del seguro de cesantía por la Ley de Protección del Empleo.
Claro, son parte de un impulso fiscal: sin las garantías estatales (que tienen tope de US$ 3 mil millones) no habría habido préstamos Fogape, y sin la Ley de Protección del Empleo, muchos trabajadores no habrían podido retirar fondos del seguro de cesantía. Pero no se trata de recursos que hayan llegado a los bolsillos de las familias desde el fisco. Con esto en mente, hay otras comparaciones posibles de hacer con economías emergentes y que se relacionan mejor con lo que percibe la ciudadanía.
Por ejemplo, de acuerdo al FMI los países emergentes y Chile perdieron la misma recaudación fiscal como fracción de sus respectivos PIB, pero en los primeros el gasto se elevó en 3,2 puntos, mientras que en Chile, 2,7. Estas cifras están lejos de los 8,8 puntos de expansión de los países avanzados.
Resultados similares se obtienen al comparar el aumento en el endeudamiento neto, el déficit fiscal y el déficit primario (esto es, sin los pagos de intereses), entre otros indicadores A ello se agrega que la forma de entregar apoyos a las familias ha sido confusa y llena de requisitos. Por cierto, ello se ha ido reparando en la medida en que pasan los meses y progresa la crisis. Pero desde el punto de vista de las familias, los apoyos siguen siendo de difícil comprensión. De hecho, a las propias autoridades les cuesta describirlos cuando se les pregunta por ellos en los medios. Así es muy probable que algunos se estén quedando fuera. Sería bueno al menos visitar a quienes viven en campamentos y se alimentan en ollas comunes para comprender su situación y revisar si les están llegando los apoyos. En el año 2020, las medidas fiscales no fueron todo lo expansivas que sugiere la autoridad. Mientras el virus no esté controlado, no habrá reactivación y las familias seguirán necesitando ayuda. En una crisis como la actual, es una acción fiscal ágil y decidida la que debe prevenir una contracción más fuerte y sus consecuentes costos sociales.
Publicado en El Mercurio