En su carta del 21 de abril pasado el economista Tomás Flores incurre en varios errores de concepto. En primer lugar, reconoce la existencia de externalidades negativas en el consumo de alcohol, pero se niega a aplicar políticas impositivas que corrijan precios. Pues bien, las externalidades se corrigen con impuestos pigouvianos correctivos como los que se proponen para el alcohol. Tal como se enseña en Economía, esos impuestos son eficientes porque hacen que se incorporen en el precio los costos sociales del consumo de ese producto.

En segundo lugar, comparar una regulación como la que se propone con la Ley Seca, que fue una prohibición, es erróneo. Nadie propone prohibir el alcohol (que sería igual a poner impuestos infinitos), sino dificultar su costo de acceso, sobre todo para algunos grupos especialmente vulnerables (los jóvenes). Pensar que un aumento de impuestos aumentaría el contrabando es erróneo porque la relación volumen/precio de dicho contrabando lo hace prácticamente imposible y no existe evidencia independiente (no vinculada a la industria afectada) para Ecuador, contrariamente a lo que dice Flores.

En tercer lugar, decir que restringir publicidad para alcohol no funcionaría porque no funciona para la cocaína es simplista y omite el caso cercano del tabaco en Chile, donde la restricción de la publicidad y de la accesibilidad dio muy buenos resultados (y existen artículos científicos que demuestran esto). Flores omite referirse a la enorme cantidad de evidencia que existe a nivel internacional sobre países que aplicaron impuestos, restricciones de publicidad y venta y bajaron el consumo de alcohol, sin provocar contrabando ni violencia, como su carta insinúa. Islandia, tan de moda por aquí, es solo uno de esos ejemplos.

Publicado en El Mercurio.