A fines del 2015, el destacado historiador Joaquín Fermandois me convocó como parte de un grupo de investigadores que debíamos reunir los antecedentes históricos que permitieran defender la posición de Chile ante la demanda boliviana en La Haya.

En ese entonces, la presidente era Michelle Bachelet, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz y el agente a cargo de la coordinación de los grupos de trabajo, José Miguel Insulza. Una decena de historiadores de distintas universidades fuimos convocados a esta labor. Durante todo el tiempo que estuvimos trabajando, no importaba la tendencia política de cada uno y tampoco fue tema de discusión.

Por esta misma razón, no hubo mayor inconveniente con el cambio de un gobierno de centro izquierda de Bachelet hacia uno de derecha como era el liderado por Sebastián Piñera. Antes, José Miguel Insulza había presentado su renuncia, siendo reemplazado por Claudio Grossman, a quien Piñera decidió mantener en el cargo.

Ahí tuve la oportunidad de conocer a Grossman. No soy su amigo y dudo que me recuerde. No obstante, en esas reuniones de trabajo y comunicaciones pude presenciar de cerca, la calidad de profesional y humana del abogado en el manejo del conflicto.

Nacido en el Hospital Enrique Deformes en Valparaíso en 1947, estudió en el Liceo Eduardo de la Barra y luego en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde se especializó en temas internacionales. Miembro del MAPU, fue parte del departamento de Relaciones Exteriores del Gobierno de Salvador Allende, por lo que tuvo que partir de Chile, luego del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973. En los Países Bajos, fue profesor asociado de derecho internacional en la Universidad de Utrecht. Entre 1980 y 1983, hizo clases de derecho internacional en el Departamento de Derecho de la Universidad de Twente y, ese mismo año, asumió como director del programa de estudios legales internacionales en la Universidad Americana en Washington, donde después fue decano por 21 años, hasta 2016. Hoy, un auditorio de esta universidad lleva su nombre.

No quiero extenderme en un curriculum que llena casi medio centenar de páginas. Pero vale la pena mencionar que ha consagrado su vida al Derecho Internacional y a la defensa de los Derechos Humanos.

Fueron estos y otros antecedentes los que hicieron que el gobierno de Bachelet pusiera sus ojos en él para reemplazar a Insulza en la difícil tarea de defender a Chile frente a Bolivia en la Corte Internacional de La Haya. Después de varios años, en específico, el 1 de octubre de 2018, se conoció el fallo favorable a Chile y que determinó que nuestro país no tiene obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Un triunfo liderado por Grossman, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las administraciones de Bachelet y Piñera que estuvieron a la altura de las circunstancias.

A pesar de todos estos antecedentes, el gobierno de Gabriel Boric se restó de respaldar la candidatura de Grossman como miembro de la Corte Internacional de Justicia, luego de la vacante que quedó con el fallecimiento de un juez brasileño.

La razón del gobierno es apostar por la participación de Chile en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Argumento que, en realidad, no resulta convincente y no se explicaría, sino por la representación que hizo de la UDI en la solicitud de extradición del ex frentista Galvarino Apablaza.

¿Quién pierde con todo esto? Grossman, por supuesto. Si resultaba electo, era el corolario de una carrera brillante. Pierde el gobierno que, por la pelea chica, se resta de poder tener un representante de lujo en ese organismo. Pierde también Boric, porque desecha la opción de imponerse frente a las mezquindades de los partidos y empezar a vislumbrarse como un estadista.

Finalmente, y a propósito de las declaraciones de Giorgio Jackson, quizá tiene razón al señalar que su generación no tiene los mismos valores que las administraciones anteriores. La historia dirá que Bachelet y Piñera no dudaron en defender a nuestro país frente a Bolivia en La Haya a través de una política de Estado que iba más allá de las tendencias o gustitos políticos. A quienes colaboramos en ello, tampoco nos importó. Esto, porque había un valor mucho más importante que nos unía a todos: Chile.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.