“Nunca quedas mal con nadie”, rezaba una de las más populares canciones de Los Prisioneros, en la que se criticaba la performance de algunos artistas de querer protestar en contra de la dictadura, pero solamente adoptando una postura rebelde desde lo estético. Paradójicamente, este “hippie buena onda” terminaba –en la producción- quedando mal con todos.
Algo así parece haber sucedido en estas dos últimas semanas con el gobierno de Gabriel Boric y sus decisiones respecto de la Macrozona Sur. Si bien el “Plan Buen Vivir” –iniciativa lanzada en estos días- es una buena noticia y va en línea con lo planteado en campaña respecto de avanzar en una agenda de reconocimiento y diálogo con las comunidades, finalmente pasó sin pena ni gloria.
Errores de cálculo o derechamente un intento por seguir estando bien con Dios y con el Diablo, terminaron mostrando nuevas descoordinaciones, que finalmente han boicoteado el intento del Ejecutivo de innovar en el enfoque del conflicto. Por lo mismo, más que el “buen vivir”, lo que generó debate fue la definición de un “estado de excepción constitucional acotado”, que echó por la borda la negativa inicial del gobierno a instalar a las Fuerzas Armadas en esa zona.
¿Qué significa “acotado”? Lo que han intentado explicar desde La Moneda, es que las FF.AA. solo deberán resguardar caminos y rutas, sin inmiscuirse dentro de los territorios.
Pero la propuesta no le gustó ni a moros ni a cristianos. De partida, porque en la coalición del Mandatario distintos representantes manifestaron su preocupación por lo que esta situación significará, considerando que el recurrir a los militares para labores de resguardo interno trae a la superficie recuerdos de la dictadura y sus consecuencias en DD.HH.
Durante las dos últimas semanas, algunos como el senador PC Daniel Núñez pidieron que los uniformados no usen armamento y solo puedan recurrir a medidas disuasivas (mientras Héctor Llaitul llamó derechamente a “organizar la resistencia armada”), lo que sería como ordenar la construcción de un camino, pero sin utilizar maquinaria. El mismo lunes, el timonel comunista, Guillermo Teillier, aclaró que “no nos parece que sea el momento de que se inmiscuyan las Fuerzas Armadas en este conflicto”.
A los agricultores de la zona tampoco les gustó la decisión, pues afirmaron que los atentados no ocurren en la carretera, sino en los sectores rurales. Y hasta en las propias FF.AA. hubo reparos, probablemente porque los uniformados se sienten como el jamón del sándwich. ¿Por qué las Fuerzas Armadas realmente se la jugarán en esta misión si sienten que no tienen respaldo? ¿Hasta dónde llegará el deber de obediencia, por sobre las dudas, como plantearon ellos mismos, al no contar “ni con la espalda jurídica, ni política”?
La ministra vocera, Camila Vallejo, defendió la medida y trató de explicar –cuando se le recordó que ella fue firme detractora del estado de excepción establecido por Sebastián Piñera- que “el ideal no es tener nunca militares desplegados en el territorio nacional”, aunque inmediatamente aclaró que solo estarán en las rutas mientras se ejecuta un plan integral en la zona, que irá “acompañado de diálogo”.
Pero precisamente esa intención de diálogo es otra de las grandes derrotas que hasta ahora ha tenido el Ejecutivo. Desde la fallida incursión de la ministra Izkia Siches que fue recibida con balazos y barricadas, hasta las fuertes palabras de Llaitul y otros que aseguraron que el gobierno declaró la guerra a los mapuche, dan cuenta de que los líderes de la zona no están dispuestos a hacer un gesto similar. Y para conversar se requieren dos.
A la polémica por el estado de excepción “acotado” se sumó además una serie de errores no forzados, como la designación y remoción solo dos días después del jefe de la defensa para las provincias del Biobío y Arauco, y el anuncio inicial de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, sobre una querella del gobierno contra Llaitul. Más tarde, el propio Presidente aseguró que el gobierno “persigue delitos, no persigue ideas ni declaraciones”, abriendo un nuevo flanco con el Ministerio Público.
Finalmente, este estado de excepción acotado y las otras descoordinaciones hablan de un gobierno que intenta innovar –algo fundamental para avanzar en este conflicto que lleva siglos-, pero sin lograrlo; que quiere generar un diálogo que no es correspondido, y que pretende quedar bien con las comunidades, con los grupos violentistas, con los camioneros, con las víctimas y con su propio sector político. Pero, en la práctica, termina abucheado por todos.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.