A diferencia de otros países, el regreso de Chile a la nueva normalidad tendrá un factor de incertidumbre adicional: antes de la pandemia ya vivíamos la anomalía provocada por el estallido social, un hecho que afectó las confianzas y golpeó con fuerza los niveles de actividad y empleo. Sin coronavirus, tuvimos un último trimestre de 2019 con cifras negativas en materia de crecimiento y 300 mil cesantes adicionales. Previo a la emergencia sanitaria, el Banco Central ya anticipaba una caída de la inversión (-4%) para el año en curso.
Todas las proyecciones hablan hoy de una recesión global sin precedentes en más de medio siglo, pero todas coinciden también en que sus efectos serán acotados en el tiempo. Dada la envergadura de los estímulos fiscales y monetarios aplicados a escala planetaria, se espera un sustantivo “rebote” en el crecimiento del año próximo, una perspectiva a la que, en nuestro caso, también ha contribuido el importante esfuerzo fiscal que está realizando el gobierno.
Pero hay algo que las proyecciones realizadas hasta ahora sobre Chile no consideran: la variable política, es decir, la incertidumbre de no saber si nuestro “retorno seguro” será a una situación similar a que existía antes del 18 de octubre, o a un escenario más parecido al que se abrió con el estallido social. En efecto, volver al país de comienzos de marzo supone la presencia de al menos dos variables que complicarían cualquier esfuerzo por reconstruir la economía y reactivar la inversión: un grave problema de orden público y un proceso constituyente en ciernes. En otros términos, si lo que se reinstala concluida la emergencia sanitaria es un clima de violencia como el que prevaleció a partir del estallido social y si el plebiscito de octubre próximo da el vamos a un cambio constitucional, no va a ser fácil cumplir con las proyecciones económicas que hoy se efectúan para Chile.
Pasado el clímax de la pandemia, ¿habrá conciencia entre los actores políticos respecto a la necesidad de preservar el orden público y tener un proceso constituyente lo menos disruptivo posible? ¿Los devastadores efectos que dejará el coronavirus cambiarán las lógicas y los objetivos por los que un sector relevante de la oposición apostó a partir del estallido? Sin tener clara respuesta a estas interrogantes, cualquier proyección sobre lo que ocurra durante el 2021 en materia económica es, en buena medida, ilusoria.
En síntesis, no habrá retorno seguro a la nueva normalidad sin antes despejar las incógnitas abiertas por la anomalía generada con el estallido social. Sin un acuerdo sólido y transversal para abordarlas, será difícil poner en marcha un programa de recuperación a la altura de los imperativos instalados por la pandemia. El eventual retorno de la violencia, el inicio del proceso constituyente, y el intenso cronograma electoral, sin duda agregarán complicaciones de base al escenario económico. Son circunstancias que -en rigor- requieren grados de colaboración y entendimiento que hoy en Chile simplemente no existen.
Publicada en La Tercera.