Cabe preguntar cuál sería la reacción del gobierno, de la Nueva Mayoría y de buena parte de la opinión pública si los dantescos resultados que hoy exhibe el Sename se hubieran producido en una organización privada con fines de lucro. Con seguridad, estaríamos en otro escenario, en un ambiente de escándalo y condena generalizado, con las autoridades poniendo el grito en el cielo, exigiendo con justa razón las penas del infierno y con partidos políticos convocando a la gente a manifestarse en las calles.
Pero este drama de centenares de niños muertos ocurrió bajo el alero del Estado y de servicios públicos, por lo que la reacción ha sido muy diferente. En vastos sectores ha existido un silencio impúdico y se ha buscado diluir el horror con frasecitas para el bronce: ‘como Estado hemos fallado’, ‘la sociedad tiene una deuda’, mientras ninguna autoridad, de este gobierno o de los anteriores, ha tenido la valentía de asumir responsabilidad alguna.
El Estado, el ‘régimen de lo público’, eso que no pocos han buscado consagrar en los últimos años como garantía incuestionable del bien común y la gestión desinteresada, terminó convertido en el Sename en un verdadero ‘campo de exterminio’: cerca de mil menores conducidos de manera sistemática a la muerte en un lapso de apenas diez años. Una realidad brutal que hubiera dejado en ascuas a cualquier país civilizado y hecho caer gobiernos en pleno, aquí dio apenas para una rápida conferencia de prensa de la presidenta de la República, y el anuncio de recursos extraordinarios por una cantidad equivalente al 1% del presupuesto de la entidad en cuestión. Terminada la ceremonia, las autoridades se dieron incluso tiempo de posar juntas y entre risas para las cámaras.
No hay nada que permita suponer que la precariedad y los graves problemas de gestión del Sename no se replican en muchas otras reparticiones públicas. La única diferencia es que aquí esa precariedad y esos problemas se cuentan en cadáveres, en centenares y centenares de niños muertos. Pero para el fundamentalismo ideológico que hoy nos gobierna ni aún ahora habrá espacio ni margen para la duda: el régimen de lo público deberá ser absuelto, de la misma manera como hace décadas atrás los fundamentalistas de lo privado se absolvían a sí mismos en un Chile también regado de cadáveres.
Frente a la realidad de estos días, resulta ciertamente espeluznante la manera cómo el país ha estado encarando sus problemas, el orden de sus prioridades y la lógica de sus soluciones. La agenda se ha definido en marchas callejeras; llevamos años discutiendo si se debe o no evitar el lucro con recursos públicos, si es el Estado o los privados los que, por definición, hacen bien o mal la pega. La discusión fundamental se ha centrado en cuestiones ‘de principios’, no en la eficacia de los medios y la urgencia de los resultados.
En rigor, la Presidenta se equivoca: no es el Estado el que ha fallado, somos todos. En primer lugar, las autoridades que han tenido la responsabilidad de conducir el debate sobre cómo debemos abordar nuestros problemas y los que no hemos tenido la fuerza para cambiar el eje de la controversia. El actual gobierno ha procurado llenarnos la cabeza de simplificaciones maniqueas, sembrando y cosechando un ideologismo verdaderamente lunático. Ahora, de súbito, ‘el régimen de lo público’ nos terminó por mostrar uno de sus peores rostros, pero ni aún así es probable que finalmente logremos encausar la discusión hacia lo único realmente importante.