Oponerse a la idea de legislar en materia de adaptabilidad laboral significaría desconocer los efectos de la revolución tecnológica en el mercado del trabajo a nivel global y los riesgos que implica para el empleo en Chile. La OCDE estima que Chile es uno de los países, con mayor riesgo y necesidades de cambio en el trabajo. Un 20% de los empleos que hoy conocemos están en riesgo de perderse y otro 30% requiere cambios significativos para enfrentar la transición que impone el avance tecnológico, estas cifras casi duplican el promedio de la OCDE.
La transformación digital, la automatización y la robótica reducen la demanda por trabajo y cambian su naturaleza. Esto nos obliga a preguntarnos, entonces, sobre el futuro del trabajo y cómo debe prepararse la sociedad para enfrentar estos desafíos y su profundo impacto productivo.
Por una parte, las competencias laborales requeridas en esta nueva era son dramáticamente distintas. Las habilidades rutinarias, manuales y cognitivas cederán terreno al desarrollo de competencias analíticas e interpersonales no rutinarias y digitales. La formación y entrenamiento de adultos será fundamental para facilitar la transición a este nuevo mercado laboral. Esta será la primera prioridad que enfrentará nuestro país. En particular en cuanto a la incorporación y desarrollo de habilidades digitales. Desafortunadamente, en esta área los instrumentos de apoyo del Estado son poco adecuados y no se ajustan a los tiempos que corren. Por otra parte, la rigidez de la jornada laboral, afecta la posibilidad de enfrentar en forma más efectiva esta transición en el mercado del trabajo.
En este contexto, los países de la OCDE han avanzado en la generación de nuevos contratos laborales más flexibles, así como en el desarrollo de modelos híbridos de teletrabajo y trabajo presencial con jornadas más cortas o parciales. Este es, sin duda, un aspecto clave para aumentar la productividad y evitar la desaparición de empresas y empleos.
La Comisión Europea, con larga tradición de resguardo de los derechos laborales, propuso una nueva directiva sobre “condiciones de trabajo transparentes y previsibles”, que establece un balance entre derechos de los trabajadores y la “flexibilidad necesaria para que los empleadores se adapten rápidamente a los cambios en el contexto económico”. Además, requirió fortalecer los mecanismos de formación de los trabajadores a lo largo de su vida productiva.
Es de esperar que en Chile se tomen en cuenta, al momento de legislar sobre estas materias, estas experiencias de adaptabilidad laboral de países con “economías de bienestar” avanzadas, y que el debate esté a la altura de las circunstancias. Nos es poco lo que está en riesgo: el futuro la actividad económica, de los trabajadores y sus empleos. De lo contrario, las transformaciones tecnológicas en un mercado laboral poco preparado para ellas profundizará las asimetrías y desigualdades que tanto nos alejan del pleno desarrollo.