Incumpliendo los plazos autoimpuestos, las negociaciones para reiniciar el proceso constituyente se prolongan ya por más de tres meses. Síntoma y símbolo de una sociedad cuyo cuerpo político parece vivir en una testarudez insalvable, que se retroalimenta con la polarización y el deterioro institucional que sus propios integrantes generan. Para culparse luego unos a otros de las fracturas y sus consecuencias, en una nación a la que le quedan pocas cosas en común, ni siquiera la certeza de ser sólo una.
Hoy no tenemos más alternativa que llegar a acuerdo: hace tres años, en medio de una crisis social sin precedentes, una mayoría muy amplia aceptó que la columna vertebral de nuestras dificultades era la Constitución vigente; ingresamos entonces a un laberinto político cuya única salida es un consenso mínimo sobre una nueva carta fundamental. Es cierto: no son pocos los que luego del triunfo de Rechazo el 4/S consideran que se debe dar por terminado el proceso, que el país tiene otras urgencias. Pero, al margen de este disenso, lo claro es que había un compromiso mayoritario de seguir adelante y ese compromiso debe honrarse.
¿Y si la sociedad chilena confirma al final que sus representantes no fueron capaces de ponerse de acuerdo, y no podemos tener una Constitución reconocida como legítima por la mayoría? Bueno, seremos una singularidad en el mundo, algo que nos encanta, el raro caso de un país que no logró siquiera ponerse de acuerdo en una Constitución. Y el corolario de eso será, en cierto modo, la continuidad de lo que hemos vivido en los últimos años: parlamentarismo de facto, incumplimiento de las normas, deterioro del sistema político, incapacidad para definir políticas públicas sustentables de mediano y largo plazo.
En este momento, el desacuerdo pasa por definir si el órgano que redacte el nuevo texto debe ser en su totalidad elegido por la gente, o integrar expertos designados por el Congreso. Mar de fondo de este otro disenso es la legitimidad del Legislativo para definir integrantes con plenas potestades. Y es extraño que eso se cuestione, cuando el Congreso es el poder constituyente derivado y fue elegido por los ciudadanos hace un año, en el mismo proceso electoral del que resultó presidente Gabriel Boric. Un Congreso ya sin senadores designados y sin binominal. La institución a la cual Michelle Bachelet y el gobierno de la Nueva Mayoría entregaron un proyecto de nueva Constitución en marzo de 2018. Obviamente, para que fueran parlamentarios los que lo discutieran y aprobaran. En ese entonces no hubo objeciones ni problemas de legitimidad.
En fin. La sociedad chilena asumió el imperativo de tener una nueva Constitución y no hay vuelta atrás, salvo que terminemos de comprobar que simplemente no fuimos capaces. Un escenario que nos dejaría en el peor de los mundos y que sólo vendría a confirmar que el verdadero problema, el único desde siempre, hemos sido nosotros, no la Constitución.
Publicada en La Tercera.