¿Qué pensaría usted si le dijeran que Chile tiene similar desigualdad de ingresos que Finlandia, Alemania o Francia? Probablemente que es una broma. Pero no lo es. Al menos no, si nos referimos a cómo distribuye las rentas el mercado, antes de la acción del Estado. En efecto, la “desigualdad de mercado” no muestra grandes diferencias entre Chile y los países Ocde. En cambio, luego de impuestos y transferencias del Estado, la desigualdad de ingresos disminuye significativamente en la Ocde, pero poco en Chile. ¿Por qué?
La figura adjunta muestra la distribución del ingreso medida por el índice de Gini para la OCDE y algunos de sus países. La desigualdad de mercado, esto es la que resulta de la pura distribución de rentas que realiza el mercado, se presenta en la barra celeste. La barra roja muestra la desigualdad final luego de la acción redistributiva del Estado a través de la progresividad del sistema tributario y de transferencias monetarias a los grupos de menores ingresos.
Como se ve, la desigualdad de ingreso de mercado no es muy distinta entre los países Ocde, incluido Chile. Incluso, la de nuestro país es algo menor que la de países como Finlandia, España, Francia o Japón, por nombrar algunos. Esto significa que nuestro mercado distribuye tan bien o tan mal como los mercados de países Ocde. Lo anterior es importante porque en el debate en Chile se suele achacar nuestra mala distribución del ingreso a nuestro mercado (¿“neoliberal”?). Pero ahí no está la diferencia.
La diferencia radica en la acción del Estado. Mientras la Ocde disminuye su Gini en 16 puntos, Chile solo en 3,5. Países como Finlandia, Irlanda o Francia logran incluso bajar su Gini en más de 23 puntos. ¿Cómo lo logran los países Ocde? La evidencia Ocde muestra que un 78% de la disminución de la desigualdad, es decir el gran grueso, proviene de transferencias monetarias directas (12,5 puntos), mientras que un 22% se explica por la progresividad tributaria (3,5 puntos).
Si bien una parte importante de las transferencias corresponde a pensiones, la conclusión anterior no cambia al controlar por este factor y centrarse solo en la población activa. También podría pensarse que la importancia y eficacia de las transferencias requiere un Estado grande. Pero esto no necesariamente es así. El caso de Irlanda es emblemático. Con una recaudación tributaria de 22% del PIB (Chile, 20,5%), es uno de los países Ocde que más baja su desigualdad.
Hay, al menos, dos lecciones para Chile. La primera es que una mayor progresividad tributaria, deseable por criterios de justicia, no es la bala de plata que reducirá nuestra desigualdad. Si nuestra estructura y progresividad tributaria fuera similar al promedio Ocde, nuestro Gini se reduciría solo en 2,5 puntos adicionales, de 0,46 a 0,435. La segunda lección es que si queremos reducir la desigualdad de ingresos debemos movernos a esquemas de transferencias monetarias directas. Aquí, nuestro Estado hace poco: como vimos, mientras en la Ocde las transferencias reducen el Gini en 12,5 puntos, en Chile solo 2,5.
¿Cómo avanzar en esa dirección? Por ejemplo, ampliando y transformando en política permanente el Ingreso Mínimo Garantizado que implementamos en el gobierno anterior. Se trata de movernos hacia un impuesto negativo al ingreso en el que quienes tienen menores ingresos formales reciben una transferencia directa mensual que es decreciente hasta un cierto umbral de renta. Ello no solo ayudaría a disminuir la desigualdad, sino también a combatir la informalidad. ¿Por qué? Porque esta transferencia monetaria complementaría solo a los ingresos formales, premiando así la formalización y desincentivando la informalidad.
La desigualdad de ingresos seguirá estando en el centro del debate político. Podemos seguir culpando a nuestro mercado, pese a que éste no distribuye distinto que en la Ocde. O pensando que todo se arregla per se con reformas tributarias. Pero nos estaremos haciendo trampa. Para reducir la desigualdad hay que ir a esquemas de transferencias monetarias directas. Transferencias sin peajes de burocracia estatal. Y para esto, seguir en la senda de evaluar con celo los cerca de 700 programas estatales vigentes, cerrar los que no llegan a las personas y hacer que esos recursos vayan directamente a los hogares de menores ingresos.
Publicada en La Tercera.