Reformas como la elección democrática de los gobernadores regionales (Ley Nº21.073 ) y el fortalecimiento de la regionalización (Ley Nº21.074) han contribuido a promover la descentralización desde la dimensión política y administrativa. Estamos próximos a la primera elección de los gobernadores regionales y, sin embargo, existen importantes rezagos en un área clave para la descentralización: el financiamiento de los gobiernos regionales.

En 2019 el gobierno convocó a una Mesa Técnica por la Descentralización, de lo cual surgió un proyecto de ley que fue enviado por el Ejecutivo al Senado en septiembre de 2020, sin que existan mayores avances a la fecha. El proyecto contempla varias modificaciones, empezando por la elaboración del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI), e incluye la obligación de contar con una programación financiera de mediano plazo. También cambia parte de la estructura y aprobación del presupuesto de los GORE reordenando los fondos de inversión, regulando los gastos de funcionamiento y avanzando en flexibilidad presupuestaria. Y en probidad y transparencia, introduce cambios a la Unidad de Control y establece el requisito de contar con una ficha de información regional. El proyecto es un gran avance en un campo hasta ahora olvidado en la discusión de descentralización, pero aún hay espacio para seguir profundizando en generar reformas sustantivas y permanentes, y este es el momento para hacerlo.

En primer lugar, es una oportunidad para agrupar y reordenar todos los fondos que reciben los GORE en objetivos claros y definidos, junto con entregar certezas financieras, prohibiendo la entrega discrecional de recursos como las provisiones. Segundo, hay que simplificar la elaboración presupuestaria, donde deben quedar definidos los roles y responsabilidades de los actores que participarán (GORE, CORE, delegado presidencial, SEREMIS, etc.). Respecto a la flexibilidad presupuestaria, se podría entregar mayor autonomía en el uso de recursos en propósitos similares, junto con limitar parte del traspaso de los saldos de caja a los años posteriores. También debiera incluirse un fondo orientado a mitigar los efectos negativos de las actividades extractivas y productivas en las regiones, principalmente medioambientales. Finalmente, cuestionamos las nuevas atribuciones que se le entrega a la Subdere. Más que concentrar funciones en ella y entregarle un rol de supervisión, urge repensarla a la luz del nuevo modelo descentralizador que se está construyendo.

La descentralización puede jugar un papel fundamental en el momento político y social en que se encuentra el país. Para apoyarla, las finanzas regionales deben avanzar con decisión en mayores recursos, autonomía, transparencia y rendición de cuentas.

* Publicado en Diario Financiero junto a Ignacio Irarrázaval (PUC) y Clemente Larraín (CEP)