Señor Director:

Héctor Llaitul, líder de la CAM, llamó en mayo a “organizar la resistencia armada”; hace pocos días anunció que “la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje”. Y todo esto en el marco de un Estado de Derecho. Los que tienen el deber (no la opción) de velar por aquel decidieron, primero, no querellarse y, luego, ampliar la querella existente.

Es difícil entender estas reacciones erráticas. O primero no entendieron la declaración de Llaitul, o no le prestaron la importancia debida. Dado que supongo que hay comprensión lectora (aunque la reacción del ministro Jackson frente al anuncio —“este no es un gobierno que vaya a perseguir ideas”—, permite dudarlo) o al menos juristas competentes en el Gobierno (que no necesitan que la vocera de la Corte Suprema les explique con peras y manzanas que libertad de expresión y amenazas no son lo mismo), aventuro que es lo segundo —lo que, sobra decirlo, no es muy alentador.

Aunque sin zanjar la cuestión de fondo, el Presidente Boric ha salido a explicar los cambios de rumbo, reivindicando que: “es bueno que un Gobierno sea capaz de revisar sus decisiones, porque Gobiernos obstinados, en donde actúan solo así y tratan de estar de acuerdo consigo mismo, la verdad es que no traen las mejores soluciones”. La pregunta es qué cambió entre la primera decisión y la segunda. Salvo lo impresentable que resultó ante la opinión pública la primera, lo cierto es que nada cambió.

Es bueno revisar decisiones ante nuevas evidencias. Pero no estaría nada mal que el Gobierno tratara alguna vez de estar “de acuerdo consigo mismo”. A menos, claro, que el modelo de nuestro Presidente para gobernar sea el gran Carlos Caszely y su espectacular declaración: “no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”.

Publicada en El Mercurio.