La crisis migratoria que vive el país se ha convertido tristemente en un caballito de batalla para la clase política. Así, cuando la mayoría de los chilenos vimos la barbarie hecha carne, a propósito de la marcha anti inmigración que se produjo el fin de semana pasado en Iquique, la clase política encontró un nuevo nicho desde el cual pararse.
En la antesala, los “jaguares de Latinoamérica” vimos salir a la luz lo peor de nosotros mismos, a partir de la violencia de ese grupo de connacionales, que, sin ningún mínimo grado de misericordia, fue capaz de despojar a otros seres humanos, iguales a ellos, de sus míseros enseres, incluidos pañales y coches de guagua. Le quitaron a los más vulnerables de los vulnerables, solo por destruir y respaldar un sentimiento de superioridad vergonzoso.
“Nos tiraron piedras, botellas, de todo. Y la gente, en vez de ayudar, grababa con sus teléfonos; era como un show para ellos. Nos sentimos humillados, tratados como animales, como una basura”, afirmó Bryan, un venezolano de 21 años, que entró ilegalmente por el paso Colchane y que contó su dramática experiencia a BBC Mundo. Y tiene toda la razón. Los miles de manifestantes en Iquique los trataron como desperdicio.
Hoy los inmigrantes son los más alejados de la mano de Dios en Chile. Gran parte de ellos vive en la pobreza, con trabajos precarios, sin acceso a beneficios estatales, a merced de la delincuencia que ve en ellos mano de obra barata y desesperada. Pero, además, hasta ahora habían sido poco considerados en el debate público: a ellos no les afecta el 10%, el impuesto a los superricos o la Ley Corta de Pensiones. Están concentrados en sobrevivir.
Y eso no es fácil en un país como el nuestro, sin una política migratoria clara, la que se ha movido entre el let it be inicial y las restricciones, incluidas las deportaciones. Para los que se mantienen en Chile, tampoco ha habido una política humana de inclusión. Y para los chilenos ciertamente no ha habido un aprendizaje para acoger. Parece que, en realidad, no se quiere tanto al amigo cuando es forastero, al menos no como decía la canción de Chito Faró.
El tema es que la inmigración hoy es una realidad y los actores políticos deben hacerse cargo de ella. De hecho, según datos del INE, al 31 de diciembre de 2020 la población extranjera que reside en el país es de aproximadamente un millón y medio de personas, un alza de 0,8% respecto de 2019 y de 12,4% si se compara con 2018. Y aquello solo considerando a quienes han entrado de manera regular. Aparte, hay alrededor de once mil personas que han ingresado por Colchane, de manera ilegal, de las cuales un tercio son niños, niñas y adolescentes.
Es en este escenario que esta semana el mundo político “recordó” que existen inmigrantes y comenzó el peloteo. Así, José Antonio Kast responsabilizó a Michelle Bachelet y Sebastián Piñera de la crisis y cuestionó también a su contendor, Gabriel Boric, a la vez que propuso una política más restrictiva. Por su parte, Sebastián Sichel advirtió que la migración debe ser regular y ordenada y le echó la culpa a la crisis en Venezuela. Provoste en tanto abogó por una respuesta “multilateral” y aseguró que la solución no pasa por establecer un muro, pero tampoco “un perdonazo”.
Lo más vergonzoso, sin embargo, estuvo dado por el intercambio entre Boric y el gobierno. Mientras el primero envió el mensaje de que es el Ejecutivo el que tiene que hacerse cargo de la crisis migratoria y aseguró que este debe “dejar la inacción y de culpar a otros”, en La Moneda –aunque a la pasada se dio a conocer la creación de albergues- se filtró una minuta en la que se responsabiliza a Boric, el Frente Amplio y la Corte Suprema por la situación que hoy viven los migrantes. Y hasta Nicolás Maduro se metió al baile, afirmando que en Chile existe xenofobia y ofreciendo vuelos para “volver a la patria”.
Al final la pelea parece hasta infantil y el problema es que la temática debe ser enfrentada por adultos. ¿De quién es la culpa? Poco importa. Lo cierto es que en la crisis están en juego los derechos de seres humanos de carne y hueso, cuya situación es tan precaria y compleja, que prefieren dormir en la calle que volver a un país donde la libertad es un lujo y los servicios básicos también. Es ahora cuando la clase política debiera aunar voluntades y definir no solo cuáles serán las políticas de ingreso y permanencia en Chile, sino mucho antes, cómo ayudar a quienes hoy lo están pasando mal y a los que poco les importa de quién es la pelota.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.