La aprobación por parte de la Cámara de Diputados –por 95 votos a favor- del proyecto de ley que pretende permitir el retiro de un 10% de los fondos de la AFP fue una buena noticia para millones de chilenos, que ven en esta iniciativa la posibilidad de paliar la crisis económica por la que pasan, a partir de la pandemia que azota al país. No por nada, la sesión del pasado miércoles, en la que los parlamentarios votaron la propuesta, fue una de las más vistas por los ciudadanos en los últimos años. Era una jornada clave y muchos la siguieron cual final de campeonato futbolero.
Al término de la votación, los bocinazos y aplausos fueron muestra –tal como los desórdenes que ocurrieron en la víspera- de que los chilenos apoyan masivamente la propuesta, muy por sobre los planes de ayuda para la clase media que ha hecho el gobierno, que no concitaron respaldo. De hecho, esta semana el Presidente Sebastián Piñera cayó diez puntos en su aprobación, en la encuesta Cadem, bajando de 27% a 17%.
En este escenario, para el gobierno y el oficialismo, el proyecto se ha transformado en un nuevo foco de estrés, que ha mostrado una vez más las divisiones internas que cruzan a la coalición, a partir del respaldo de algunos de sus parlamentarios a una iniciativa que, para otros, es un atentado a uno de los pilares del mercado que quieren defender.
En realidad, estamos asistiendo a una discusión profundamente ideológica. Por un lado, para la oposición, es una iniciativa que permite que los chilenos hagan uso –en un momento de crisis total- de sus propios dineros, “secuestrados” por el sistema. Pero además, se trata del comienzo del desmantelamiento de las cuestionadas AFP, en tela de juicio desde que ya hace un par de años se hiciera patente la molestia ciudadana, a partir de masivas marchas al alero del movimiento #NoMasAFP.
Pero para parte de la oposición, sobre todo en la UDI, se trata de un sistema que hay que defender a como dé lugar, pues no hay otra forma –a su juicio- de asegurar el financiamiento de la vejez ni tampoco la estabilidad de un mercado ya estresado por la crisis, y que podría complicarse aún más –dicen- en la medida que las aseguradoras tengan que traer masivos recursos de vuelta al país para entregárselos a los afiliados. Así, algunos como Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) y Andrés Allamand (RN) han hecho hincapié en que este proyecto supondría un profundo golpe para las AFP y el sistema de pensiones del país. Así es también para el gobierno de Sebastián Piñera.
Para otros, en el mismo conglomerado gobernante, se trata de una forma para paliar la crisis, para darle herramientas a la clase media, de manera que puedan sortear el endeudamiento excesivo en el que se ha caído y que está ahogando a muchos compatriotas. No obstante, también hay una dosis importante de populismo: votar hoy en contra del retiro de los fondos es absolutamente impopular. Y estamos a poco más de un año de elecciones parlamentarias.
La tensión en Chile Vamos se transformó, entonces, en la constante de una semana infartante, en la que las recriminaciones mutuas estuvieron a la orden del día. Los llamados desde Palacio y las directivas de los partidos para intentar ordenar a sus parlamentarios fueron innumerables. Tanto, que algunos hablaron de hostigamiento y otros prefirieron dejar de contestar sus teléfonos. Una vez aprobado el proyecto en la Cámara –y asestado el golpe al gobierno-, la UDI incluso decidió pasar al tribunal supremo de la tienda a los cinco parlamentarios de sus filas que dieron los votos a favor el miércoles pasado.
Ahora el escenario se repetirá en el Senado, donde la comisión de Constitución ha adelantado que espera tramitarlo rápidamente, para que el martes sea votado en general en sala. Luego, la votación en particular y las posibles modificaciones, mantendrán los ánimos en el gobierno y en Chile Vamos, absolutamente tensionados, sobre todo porque para que la iniciativa prospere, solo se requieren dos votos oficialistas, considerando que ya la centroizquierda se ha mostrado alineada con su aprobación y, entre ellos, también los tres senadores independientes: Alejandro Guillier, Alejandro Navarro y Carlos Bianchi.
Precisamente para evitar las presiones desde Palacio –y los ofertones de última hora-, varios senadores oficialistas han preferido no adelantar su votación. Con aquello, se mantiene la incertidumbre de un proyecto que continuará tensionando a la coalición y al gobierno. Y que transformará la próxima semana en un periodo de infarto, tal como lo fueron los días pasados.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.