Parece una discusión anclada por ahí por 1990. Se suponía que a estas alturas Chile era un país que ya transitaba en el llano camino de la superación de sus traumas históricos y donde muchos levantaban como bandera el no volver al pasado, por ejemplo, con conversaciones que apuntaban a la violación de los derechos humanos durante la dictadura, mientras otros bogaban por “mantener la memoria viva”. Como fuera, se creía que el tema era parte del ayer, no del presente.
Pero ni superación ni memoria. Los DD.HH. han vuelto, se han tomado la agenda pública y comunicacional, y este país, que presumía de ser tan maduro en esta materia, parece que no era tal.
Porque el informe que entregó esta semana la ONU, donde se denunció un “elevado número de violaciones graves” a los derechos fundamentales fue lapidario y permitió que nuevamente saltaran a la palestra escalofriantes conceptos como “uso excesivo de la fuerza, malos tratos, heridas, tortura, violencia sexual y detenciones arbitrarias”, fantasmas que se creían extintos en nuestro país.
En la primera crisis social de esta magnitud post dictadura, la forma de operar de las fuerzas de orden parece haberse retrotraído 30 años o al menos así queda de manifiesto tanto en el informe de la ONU como en los entregados anteriormente por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Sin embargo, todavía las responsabilidades de estos hechos son etéreas y las medidas tomadas por el gobierno de Sebastián Piñera, como responsable político del país, han sido débiles.
De hecho, en la respuesta al informe del organismo internacional, el Ejecutivo prefiere jugar a la duda, en vez de hacerse cargo de la situación y, en el mejor de los casos, pedir disculpas. En un documento de cinco páginas, el gobierno –aunque agradece las recomendaciones- prefiere manifestar aprensiones sobre las fuentes a las que recurrió la ONU para su investigación. Triste recuerdo de épocas pasadas en que, desde fuera, Chile era conminado a reconocer las violaciones a los DD.HH. y, sin embargo, el Estado las negaba consistentemente.
Ahora, 30 años después, la trasgresión de los derechos humanos ha sido combustible para incendiar aún más la pradera. Precisamente en esta negativa a hacer un necesario mea culpa en la materia, fue el mismo Presidente Piñera quien –antes de que se conociera el informe de la ONU y ad portas de las acusaciones constitucionales en su contra y hacia el exministro Andrés Chadwick- en cadena nacional aprovechó el Día Internacional de los DD.HH. para defender su gestión y decir que “queremos terminar con todos los mitos y falsas dicotomías. Cuando se resguarda el orden público, se protegen los derechos humanos”.
Paradójica postura, considerando que, pese a las violaciones de los derechos fundamentales, el Estado ha sido incapaz de mantener el orden público y terminar de raíz con los hechos de violencia que se han registrado en distintas zonas del país. Al revés, pareciera como que precisamente el “control de daños” no ha hecho más que encender aún más el conflicto.
Además, el actuar de las policías se ha convertido en un boomerang que ha minado la credibilidad y el respaldo al gobierno (en la última Cadem apenas un 13% apoya la gestión gubernamental), generando un clima en el que incluso por primera vez en medio siglo se consideró la opción de acusar constitucionalmente al Primer Mandatario.
La situación de los derechos humanos será una piedra difícil de sortear para el Presidente. Primero, porque no está dispuesto a hacer un mea culpa al respecto. Segundo, porque a estas alturas, si lo hiciera, su credibilidad le jugaría en contra. Y tercero, porque lo golpea precisamente en aquello que él intentaba destacar como una de sus fortalezas políticas: ser un líder que representaba a una derecha moderna, alejada de la dictadura y que había sido parte del cuestionamiento al actuar de Augusto Pinochet, incluso votando por el No.
Hoy, con todo aquello desacreditado, quizás la única forma en la que Piñera podría aminorar el daño político es precisamente volviendo atrás y, así como ha citado en gran parte de sus discursos al expresidente Patricio Aylwin y su “Nunca más”, reeditar lo que este hizo al volver la democracia: pensar en un informe similar al Rettig, donde sea el propio Estado el que investigue las violaciones a los DD.HH. y luego pida disculpas, de corazón, a quienes han sido vulnerados por un país que hace 58 días dejó de ser el alumno aventajado que creía ser.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.