Va camino a convertirse en un drama humanitario de enormes dimensiones; ejemplo perfecto de la ignorancia y la ingenuidad con que abordamos muchos de nuestros problemas. Durante varios gobiernos, nos dimos el lujo de mostrarnos abiertos y solidarios, dispuestos a recibir con generosidad a todos quienes quisieran venir. Éramos un país exitoso, con capacidad de absorber un flujo migratorio permanente. Lo políticamente correcto fue no poner trabas; al contrario: Sebastián Piñera viajó a Cúcuta a extender una formal invitación a los venezolanos en dificultades. Y Gabriel Boric llegó a decir en redes sociales que en el país sobraban chilenos y faltaban inmigrantes.
Los resultados están a la vista: la inmigración ilegal tiene al norte de Chile al borde de un nuevo estallido social. No hay recursos ni condiciones para integrar con un mínimo de dignidad a esta enorme cantidad de personas que ingresan todos los días. Los recién llegados deambulan como fantasmas por parques y plazas, las carpas son el rostro de nuestras nuevas poblaciones “callampa”; las tomas de terreno son incentivadas por los traficantes de esperanzas y las familias en campamentos se han duplicado desde el inicio de la pandemia. A los jueces de la Corte Suprema se les ocurrió una idea genial: los dueños de terrenos ocupados ilegalmente debían estar obligados a coordinar las políticas públicas necesarias para resolver el problema que había motivado a los ocupantes.
La falta de seriedad y el puro oportunismo han activado una bomba de tiempo. El flujo migratorio no se detendrá, nuestras fronteras del norte están dibujadas sobre un interminable desierto, donde siempre será posible encontrar un nuevo paso clandestino. Pero ni siquiera se requiere eso: las imágenes de personas y familias cruzando hacia Colchane son de todos los días. Ni Carabineros ni las FF.AA. tienen la posibilidad de impedirlo. Tampoco existe la voluntad política. ¿Cuál sería la reacción de la opinión pública si en un altercado en la frontera, un niño o una mujer embarazada terminara con un rasguño generado por personal militar? Todos sabemos cuál sería el escenario y ningún uniformado se va a arriesgar.
En resumen, no hay nada que hacer. Como en todos los temas de orden público, el gobierno de Sebastián Piñera tiró la toalla luego del estallido social. Y Gabriel Boric no tendrá piso político para agudizar un drama humanitario imponiendo límites a través del uso de la fuerza. El flujo irregular de personas seguirá adelante y la sociedad chilena, en especial los habitantes de la zona norte, no tendrán más alternativa que seguir constatando el deterioro de sus entornos y de sus condiciones de vida.
Es el desenlace inevitable de una sociedad que tiende a mirar sus problemas desde un ideologismo de utilería, desde la comodidad de no querer correr ningún riesgo ético a la hora de afrontar problemas complejos. Sabiendo, además, que las consecuencias de esas indecisiones, generalmente las pagan otros.
Publicada en La Tercera.