¿Qué puede explicar la decisión de la Corte Suprema de dejar sentada la posibilidad de someter a revisión las decisiones del Tribunal Constitucional, precisamente en las actuales circunstancias? Quizás las razones sean similares a las que llevaron a la actual mesa de la Cámara de Diputados a admitir a trámite una iniciativa parlamentaria que busca reducir la jornada laboral, la misma que hace dos años la mesa de la Corporación -en ese momento encabezada por un diputado socialista- ya había declarado inadmisible por vicios de constitucionalidad. Y quizás sean razones parecidas también a las que, ante el inesperado pronunciamiento del máximo tribunal, condujeron a las actuales autoridades del Congreso a reiterar la necesidad de cambiar la Constitución.
Hace un par de semanas, un influyente abogado constitucionalista defendió el derecho de las diputadas comunistas a presentar el proyecto que disminuye la jornada laboral, aduciendo que permite “reequilibrar” la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo; es decir, junto al objetivo explícito, dicha iniciativa tendría también una finalidad implícita: atenuar o debilitar el sistema presidencial. En resumen, en un escenario de visible deterioro político, donde además diversas instituciones se han visto golpeadas por fenómenos de corrupción e irregularidades financieras, dos poderes del Estado han tomado la decisión de salir de cacería, buscando expandir sus esferas de poder o redefinir sus áreas de influencias.
Como telón de fondo de esta ofensiva están los inamovibles cuestionamientos a las atribuciones del Tribunal Constitucional y a la legitimidad de la propia Carta Magna, una corriente crítica que, luego del triunfo electoral de la derecha en 2010, volvió a adquirir centralidad en la agenda de cambios propuestos por la centroizquierda. Durante el gobierno de la Nueva Mayoría se inició, de hecho, un proceso constituyente, cuya primera etapa fueron los cabildos ciudadanos, una valiosa instancia de participación que congregó a más de 200 mil personas. Esto se tradujo finalmente en un proyecto de nueva Constitución, que Michelle Bachelet dejó presentado al Congreso poco antes de concluir su mandato, una iniciativa que hasta el presente duerme en algún cajón.
Ahora, sin embargo, la estrategia es distinta: simplemente transgredir o relativizar los ámbitos de acción y las disposiciones del actual texto constitucional; en una palabra, apostar al relajamiento de las normas y del estado de derecho, buscando aprovechar el momento de debilidad institucional para ampliar posiciones de poder. Como si las evidencias dejadas por nuestra historia reciente, y mucho de lo que hoy se observa en el resto de América Latina, no tuvieran nada que enseñarnos.
¿Es necesario modificar las actuales atribuciones del TC o insistir en la necesidad de cambiar la Constitución? Aunque tuviéramos acuerdo sobre ambas materias, definitivamente esto no puede hacerse relajando normas o reinterpretando atribuciones institucionales. Al contrario, dicha lógica solo contribuye a la desconfianza, a la incertidumbre jurídica y a erosionar el estado de derecho. Nada, absolutamente nada positivo, puede salir de la intención de debilitar o rediseñar el marco institucional, al margen de los procedimientos establecidos para ese fin.
La decisión de la Corte Suprema de ejercer control jurisdiccional respecto de las resoluciones del TC, es decir, de mover el cerco institucional en base a una nueva interpretación de sus atribuciones, no solo es delicada y riesgosa en sí misma; lo es todavía más cuando se da un contexto donde el Congreso y diversos actores políticos están apostando al mismo juego.
Publicada en La Tercera.