Las palabras crean realidades. Pero precisamente el lenguaje que ha rondado el debate sobre el proyecto de ley que pretende indultar a los acusados por situaciones ocurridas a partir del estallido social de octubre de 2019, es una muestra de cómo los hechos pueden terminar enredándose a gusto del interlocutor.
Para los parlamentarios de oposición, que patrocinan la iniciativa, se trata de una propuesta necesaria, por cuanto habría –en palabras de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz- 800 personas en prisión preventiva “sin proceso alguno” durante ya un año dos meses. Para el Ejecutivo, en tanto, la cantidad de recluidos por esta razón no llega a los 200, mientras que la Fiscalía habla de un poco más de 600 y la Defensoría apenas llega a casi 70.
Quienes defienden el proyecto, afirman que son presos políticos, arrestados por sus ideologías. Para el gobierno, en tanto, se trata de personas que han delinquido gravemente, incluso con figuras como homicidio frustrado. En esa línea, el propio Presidente Sebastián Piñera salió al ruedo, afirmando que la iniciativa “atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana y el Estado de derecho” y recalcó que –de avanzar la iniciativa en el Congreso- presentará un veto.
El carácter de presos políticos tampoco está claro. Incluso, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, descartó que en Chile haya personas detenidas en esa calidad, lo que echaría por tierra el fondo del proyecto. Y las razones por las que todavía se mantienen en prisión preventiva, después de un año de ocurrido el estallido social, son una nebulosa. De hecho, la Corte Suprema se limitó a señalar que esa entidad no falla de acuerdo a las ideas políticas de los imputados, mientras que el Ministerio Público recurrió a la gravedad de la violencia como respuesta.
Lo cierto es que han pasado más de 400 días, con situaciones que continúan sin resolución y jóvenes –en su mayoría- que se mantienen tras las rejas sin sentencia y sin condena. En ese sentido, las palabras del sacerdote Felipe Berríos advierten sobre la necesidad de una salida política para estos chicos y puntualiza las diferencias entre ellos y otros acusados, algunos empresarios, por ejemplo, cuyos procesos han sido rápidos y las salidas alternativas han estado a la orden del día.
No obstante, la decisión de un indulto general a quienes han sido apresados luego de octubre de 2019 sería difícil de explicar, de partida, porque significaría una intromisión del Poder Ejecutivo sobre el judicial, a partir de una presión del Legislativo. Una “ensalada” de poderes. Pero, además, se debe considerar que –a diferencia de lo que planteó Adriana Muñoz- sí hay un proceso en curso, aun cuando este –lamentablemente- esté tomando demasiado tiempo.
Lo que parece cuestionable es precisamente eso: ha pasado ya un año y dos meses, y la lentitud de estas indagaciones no se condice con un sistema supuestamente moderno y donde las garantías de los acusados deben también ser consideradas. De hecho, el Comité de Derechos Humanos de la ONU –citado en un documento de la Biblioteca del Congreso- dice que “la presunción de inocencia obliga a respetar ciertas medidas en pro de la consecución de los objetivos de esta” y que, en esa línea, “la prisión preventiva debe tener una duración razonable”, la que difícilmente deba alargarse eternamente como ha sido en el caso de estos jóvenes.
Así, sin entrar en el debate jurídico –para lo cual se requieren especialistas- sí parece necesario apresurar las causas derivadas del 18-O. Más aún cuando precisamente los Tribunales de Justicia aparecen en los sondeos entre las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía. De hecho, en la encuesta CEP de diciembre de 2019, un 95% considera que estos actuaron de “regular” a “muy mal” luego de las protestas ciudadanas, y apenas un 8% dice tener confianza en ellos.
La lógica en estos casos, sobre todo considerando la gravedad de las acusaciones, el momento en el que se producen los supuestos delitos y el hecho de que los ojos del mundo estén puestos en el estallido social y sus derivadas, apunta a que debiera manifestarse una voluntad política y judicial clara de avanzar a paso raudo en la resolución de estos hechos. No se trata aquí de establecer un indulto “a la carta”, en el que algunos delitos pasen sin pena ni gloria, pero sí que una medida excepcional, como la prisión preventiva, no se convierta en un ad eternum, ni constituya un castigo a priori.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.