Hugo Bustamante debía estar hoy en la cárcel. También debía estarlo la semana pasada, cuando Ámbar Cornejo fue a la casa de su madre –que compartía con el exreo- a buscar la pensión. En realidad, debía estar tras las rejas hasta 2032, pero el sistema judicial consideró que estaba listo para reinsertarse en la sociedad, pese a que él mismo adelantaba que podría volver a asesinar.
Con 16 años, Ámbar, por su parte, debía estar en el colegio o al menos pendiente de las guías y clases a distancia, en medio de esta pandemia. Debía tener una familia que la protegiera. En su defecto, debía tener un Estado que se hiciera cargo y la resguardara.
Ninguno de los puntos anteriores fueron realidad en el caso del terrible asesinato de Ámbar Cornejo: ni Hugo Bustamante estaba tras las rejas, ni la joven estaba a resguardo de este tipo de sicópatas. El mundo fue en reversa para ambos.
Tampoco es primera vez que el sistema falla, con una sociedad que a los pocos meses olvida el dolor y la vergüenza colectivos. Esta misma escena o similar la hemos repetido casi todos los años, en una especie de triste deja vu. Lo vivimos con cientos de menores muertos –de acuerdo a la ONU- en dependencias del Sename o lugares asociados, como Lissette Villa. O en situaciones como la de la pequeña Ámbar Lezcano, de apenas un año y siete meses, violada y asesinada por la pareja de su tía, en 2018, en Los Andes.
En todos estos casos hay un ingrediente común: el Estado o la falta de él. Un país que aparece solo para la fotografía, con frases rimbombantes y promesas grandilocuentes, pero que en realidad es un gran ausente en la vida de quienes tienen menos oportunidades. Sobre todo cuando se trata de niños: pese a que los tratados internacionales son enfáticos en el cuidado de la infancia y la adolescencia, en Chile eso no es más que un slogan.
En esta línea, las palabras del intendente de la región, Jorge Martínez, a propósito del macabro asesinato de Ámbar, generan algo de vergüenza. “Es una prioridad de este Gobierno la lucha contra la violencia hacia las mujeres en todas sus formas y clases”, dijo la autoridad, a solo horas de que se descubriera el cuerpo de la menor. ¿Dónde estaba este gobierno y los anteriores antes de que sucedieran los asesinatos, la violencia, las amenazas y las violaciones?
En medio de la tormenta, el Presidente Sebastián Piñera también se apuró en recordar que su gobierno endureció la ley sobre libertad condicional. ¿Dónde quedó este perfeccionamiento a la hora de liberar o rebajar la condena a 17 violadores de DD.HH. en abril pasado?
Lo cierto es que, en una especie de falla multiorgánica, el Estado en su conjunto es un desaparecido en la protección de las mujeres, niñas y jóvenes. Por una parte, con un sistema judicial garantista, que tiende a beneficiar a los condenados en demasía. Por otra, con un Ejecutivo que actúa siempre reactivamente, sin anticiparse a las situaciones, y con problemas en la asignación de recursos, solo disponibles para lo que genere mayor rédito político. Y con un Congreso atrasado, que no le da relevancia a lo que debe tenerla.
De hecho, mientras escribo esta columna, parlamentarios de todas las bancadas se apuran en condenar el asesinato de Ámbar, llaman a crear una comisión investigadora y aprovechan de enviarle el “palo” al Presidente, acusando que el Ejecutivo no ha patrocinado proyectos de ley que pretenden proteger a niños, niñas y adolescentes.
¿Por qué el Parlamento no puede ponerle énfasis y arreglárselas para torcer la mano del Ejecutivo, o del destino, como sí pudo hacerlo, por ejemplo, con el retiro del 10% de las AFP? Allí no solo faltaba el patrocinio del Presidente, sino que este estaba derechamente en contra e hizo todo lo que pudo para boicotearlo. Ahí sí hubo creatividad y acción.
Ni hablar de algunos medios de comunicación, sobre todo en el formato matinales. La “audacia” llegó incluso a hacer entrar a un supuesto “perito forense” a la casa de la madre de Ámbar, para poder entrevistarlo luego, imprimiéndole al asesinato un formato de show, tal como lo hicieron con casos como Nabila Riffo y Fernanda Maciel. Lamentablemente, no han aprendido nada y siguen burlándose vergonzosamente de familias vulnerables, en medio de un drama que para la pantalla, se convierte en un plus.
La muerte de Ámbar es culpa de su asesino, presuntamente Hugo Bustamante. Pero también es responsabilidad de una sociedad indiferente y un Estado ausente, que solo utiliza a las niñas, niños y adolescentes como slogan de campaña. Pero en los hechos, es un constante desaparecido.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.