Hace casi 20 años entró en funcionamiento el seguro de cesantía. Su objetivo es proteger a trabajadores y trabajadoras ante el riesgo del desempleo. Las prestaciones del seguro han sido principalmente financiadas con aportes que ambas partes de la relación laboral depositan en cuentas individuales, y con los recursos que las empresas aportan al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), un fondo de ahorro colectivo. Las contrbuciones se realizan en proporción al salario imponible hasta un tope.
Los recursos individuales y colectivos son administrados por una única entidad, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), que se ha adjudicado las licitaciones públicas del contrato de administración del servicio. Los beneficios del sistema se han expandido en la medida en que los recursos se han acumulado. En la actualidad, cuando se trata de la cuenta individual, las prestaciones son proporcionales a las últimas remuneraciones. Estos pagos suceden durante un plazo o hasta agotar lo acumulado. La ley establece beneficios mínimos y máximos, y exige haber cotizado por un tiempo para tener derecho. Al jubilarse, las personas pueden retirar su saldo o traspasarlo a su cuenta de pensiones. Los recursos se heredan en caso de fallecimiento previo.
El rol del FCS es apoyar a quienes fueron despedidos por causas ajenas a su voluntad o por el vencimiento de su contrato, y que no alcanzaron a acumular lo suficiente para financiar lo definido por ley. Este fondo es el que imprime solidaridad en el sistema, pues todos aportan y a la vez todos tienen derecho a recibir apoyo en circunstancias adversas. El diseño de beneficios, con topes mínimo y máximo en pesos, hace progresivo al sistema. Como los recursos son comunes, no existen las herencias desde el FCS ni retiros al jubilar. Este diseño no es casual: es fruto del aprendizaje de los 20 años de operación previa del sistema de pensiones. Por un lado, se agregó un componente solidario que permite compartir riesgos. Las cuentas individuales incentivan la cotización, pero tienen una capacidad muy limitada de proveer seguridad. Por el otro, no existe la libertad de elección al haber un solo proveedor del servicio. La licitación que adjudica la administración empuja las comisiones hacia abajo y evita gastos innecesarios en marketing y ventas. El buen funcionamiento del Seguro de Cesantía puede prestarse esta vez como aprendizaje para la reforma al componente contributivo de las pensiones. De hecho, tanto Bachelet como Piñera hicieron propuestas que consideraban el ahorro colectivo.
En ambos proyectos el fondo se financiaba con aportes de los empleadores sobre la base de las remuneraciones, entregando beneficios a quienes no han acumulado lo suficiente. De acuerdo con la información entregada a la fecha, el gobierno actual también espera incluir un fondo colectivo en su propuesta. Ello es del todo razonable si el objetivo es otorgar seguridad en la vejez, invalidez y sobrevivencia. Quienes argumentan en contra del ahorro colectivo esgrimen que este contraviene la propiedad individual y la posibilidad de dejar herencias. Pero si el objeto es proveer seguridad, la propiedad individual es un mecanismo ineficaz, pues es la persona quien asume todos los riesgos, lo que es indeseable. Es igualmente indeseable guardar para heredar en un contexto de pensiones insuficientes. Ese no es el rol del sistema. No basta con que la gente exprese en las encuestas una preferencia por fondos heredables. De hecho, también desea retirar todos sus fondos para usarlos en el presente, y eso no hace de los retiros una buena medida. También se argumenta a favor de la libertad de elección, pero ya sabemos que ella encarece la administración sin un beneficio claro. Adicionalmente, algunos dicen que la carga se la llevará la clase media y no quienes realmente ganan más en el país, porque solo aportan quienes están empleados. El argumento olvida que una fracción relevante de los ingresos percibidos por las personas en la parte alta de la distribución son laborales.
De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Hacienda sobre la base de información del SIl, alrededor de un 70% de los ingresos percibidos por el 1% más rico proviene de su esfuerzo laboral, mientras que cerca de la totalidad de los del 10% más rico es fruto de su trabajo y no de rentas del capital.
Otro problema de ese argumento es que financiar una reforma sustantiva a las pensiones sobre la base de impuestos al capital requiere cobrar más a esas rentas. ¿Desean elevar la tasa de Primera Categoría, que ya es alta para estándares internacionales? Dada la arquitectura actual del sistema, otorgar mejores pensiones pasa necesariamente por establecer un componente solidario basado en aportes desde las remuneraciones. Un buen diseño de los beneficios puede conjuntamente entregar seguridad, cuidar los incentivos y dar sostenibilidad financiera al sistema. Así, un sistema realmente mixto, que incluya el ahorro colectivo, permite combinar lo bueno de cada componente y a la vez atenuar sus respectivas limitaciones.
Publicado en El Mercurio