En tierra derecha está entrando ya la campaña con miras al plebiscito del próximo 4 de septiembre en el que los chilenos deberán decidir si aprueban o rechazan la nueva Constitución. Y obviamente, en la medida en que avanza el tiempo y se acerca el “Día D”, las posiciones empiezan a extremarse.

Ese es el ambiente en el que esta semana el río pareció estar bastante revuelto. De partida, con la aparición de un dictamen de la Contraloría General de la República, a cargo de Jorge Bermúdez, que advirtió que solo los organismos del Estado que tienen entre sus funciones comunicar, como la Secretaría General de Gobierno, pueden efectuar campañas llamando a la gente a votar en la consulta y explicando su alcance. Además, la entidad fiscalizadora pidió sumarios en cuatro municipalidades de la Región Metropolitana, lo que trascendió las fronteras de la capital y prendió las alertas también en nuestra zona.

Porque no son pocos los gobiernos locales que han comenzado a realizar actividades en torno a informar sobre esta jornada de votación que, por primera vez en una década, será obligatoria. Entonces, hay principios que entran en juego y que chocan unos con otros: ¿hasta dónde es prudente que las entidades públicas se abstengan de comunicar sobre el proceso? ¿Cómo conviven la prohibición de hacer campaña con fondos públicos, utilizando el aparataje estatal para una u otra postura, con la necesidad de que los chilenos sepan que deben sufragar y entiendan qué es lo que está en juego?

A partir de los 388 artículos que contiene la propuesta entregada el pasado 4 de julio por la Convención Constituyente, queda claro que es requisito sine qua non, para que este proceso sea efectivamente exitoso, que haya información de calidad y prescindente de posiciones personales, de manera que el votante no solo reciba propaganda, sino datos que le permitan tomar decisiones propias. Aquello cobra mayor relevancia en un país donde los índices de lectura son bajos y el analfabetismo funcional es todavía una realidad, incluso en alrededor de la mitad de la población entre 15 y 65 años, según un estudio de la OCDE.

Pensar que el chileno promedio tomará la propuesta de nueva Constitución, la leerá a conciencia y luego comprenderá a cabalidad algo que además tiene un lenguaje muy técnico, es una utopía.

Pero también lo es pensar que los organismos estatales y locales puedan hacer una campaña informativa aséptica, en la que no haya ningún viso de intervencionismo ni de proselitismo, pues estas instituciones están compuestas por personas –zoones politikones, como diría Aristóteles- y, obviamente, con posturas claras respecto de qué hacer el 4 de septiembre dentro de la cámara secreta.

Entonces, el llamado de la Contraloría aparece como ilusorio y probablemente solo servirá para revolver más un gallinero que ya aparece bastante desordenado, abriendo la puerta para que comiencen a aparecer acusaciones de lado a lado, que solo enturbiarán más el ambiente. No ciertamente para asegurar que la ciudadanía pueda votar informada.

A eso se suma la performance de la clase política, ensimismada en sacarse los trapitos al sol. Esta semana el turno ha sido de la Democracia Cristiana, que no ha podido aunar posiciones, pero tampoco ha sido capaz de entender que más que añejas órdenes de partido, lo que se necesita es información, entender en profundidad qué significa el documento al que todos y todas pueden acceder, pero que pocos pueden comprender.

Aquello ha dado pie además para que las redes sociales sean aún más pasto fértil para la aparición de fake news y desinformación, que lo único que hacen es complicar más el panorama, en momentos en que la penetración de estas herramientas en Chile alcanza al 83% de la población, lo que contrasta con la credibilidad y accesibilidad a los medios de comunicación, que han mostrado una baja considerable en los últimos 20 años, sobre todo entre los jóvenes y adultos profesionales.

En este panorama, se mantiene la duda en cuanto a cómo y bajo qué parámetros el chileno de a pie podrá informarse realmente respecto de la nueva Constitución y lo que de verdad significará su voto el próximo 4 de septiembre. Si las instituciones públicas no deben inmiscuirse en aquello –so pena de caer en desgracia ante la Contraloría- y el mundo político aparece más preocupado de cancelarse mutuamente por una u otra postura, el ciudadano queda al margen en medio de este río extremadamente revuelto. Lo que sí –a diferencia de lo que plantea el dicho popular-, en este caso no queda claro de quién será la ganancia.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.