Psicóloga, master en Psicología Social, y doctora en Ciencias de la Educación, Claudia Carrasco lideró el estudio que fue base para la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa. La investigación fue mandatada por la División de Educación General del Ministerio de Educación, Mineduc, y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef. Los ambiciosos objetivos del proyecto fueron analizar las políticas públicas en materia de convivencia de los últimos 20 años, conocer la percepción de las propias comunidades escolares y generar recomendaciones tendientes a generar avances efectivos.
Una tarea de gran importancia a la luz de las cifras: durante 2023, la Superintendencia de Educación registró 4.679 denuncias relacionadas a maltrato entre estudiantes. A juicio de la profesional nos encontramos ante “un momento histórico en relación con la reactivación educativa, con la vuelta a clases y con recuperar las interacciones”, sostiene.
Cambiar el foco
Para Carrasco, la nueva política presenta variaciones interesantes en relación a su predecesora, vigente desde el año 2011. Mientras la antigua ley “tuvo un foco bastante punitivo, con una lógica del castigo detrás, con muchas sanciones”; la nueva legislación apuesta a “reconstruir el lazo social”. Según la psicóloga, esto es clave tras los dos años de un confinamiento “que nos aisló y nos quitó el contexto; y sin él, la interacción social es de muy baja calidad”. Esto habría llevado a que nuestros estudiantes “no tengan tanta claridad respecto de cómo deben interactuar con otros”, incidiendo en el aumento de los episodios de violencia escolar.
Sin embargo, los expertos coinciden en que una de las principales dificultades en la implementación de estos programas es lo altamente demandados que están los docentes; ya sea por el número de estudiantes en el aula, la carga laboral, los requerimientos administrativos o el desarrollo de otros proyectos. Al respecto, Carrasco destaca que “esta vez, sí hay una mirada hacia la comunidad educativa”. Esto se ve, por ejemplo, en que “hay un foco puesto en la salud mental del profesorado con perspectiva de género, que es importante porque, finalmente, la profesión docente es una carrera feminizada y somos las mujeres las que más cuidamos”.
No obstante, advierte que “no hay ley ni política que vaya a funcionar, en la medida en que tú no tengas al dueño, al sostenedor, al administrador, abierto a apoyar, efectivamente, el trabajo del profesorado. Y hemos visto cuestiones críticas, como el lamentable suicidio de una profesora en el norte. Son alarmas a las que tenemos que poner atención como sociedad”, subraya.
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