“Justicia Penal y Mecanismos de Condena sin Juicio. Estudios sobre América Latina” (compiladores: Máximo Langer y Máximo Sozzo) es el título del libro recientemente publicado por la editorial Marcial Pons, especializada en temas de derecho, donde los profesores de la Facultad de Derecho UAI Ricardo Lillo, Javier Wilenmann y Juan Pablo Aristegui participaron con dos capítulos respectivamente.
Ricardo Lillo, director del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas UAI, escribió el capítulo: “Condenas sin Juicio en la Justicia Penal Chilena. Resultados de un Estudio Empírico Exploratorio en la Jurisdicción de Santiago”. El trabajo busca analizar tres mecanismos de imposición de condenas sin juicio de la justicia penal chilena: el procedimiento abreviado, el juicio simplificado con reconocimiento de responsabilidad y el procedimiento monitorio, a través de un estudio empírico que busca caracterizarlos y analizarlos desde dos enfoques distintos.
“El primero se refiere a la identificación de éstos a partir de lo que el profesor Máximo Langer, (UCLA), conceptualiza como «administrativización» en la imposición de condenas penales, como una manera para graficar una tendencia hacia la utilización de herramientas en las cuales actores que no ejercen la jurisdicción, ocupan un rol preponderante en la decisión sobre la imposición de una condena, como la fiscalía o la policía. Y donde el procedimiento para obtenerla descansa fundamentalmente en la evidencia recolectada inicialmente por la policía o el Ministerio Público, sin que sea discutida mediante los estándares asociados a un juicio propiamente tal”, explicó el profesor Lillo.
El segundo enfoque -agrega el académico- se refiere al carácter «negociado» o «consensual» con el que suelen ser identificados estos mecanismos, sobre todo respecto del procedimiento abreviado y del procedimiento simplificado con reconocimiento de responsabilidad. “Este trabajo descansa en una muestra aleatoria de causas penales en la ciudad de Santiago, en particular de causas tramitadas y terminadas en juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal pertenecientes a la jurisdicción de las cortes de apelaciones de San Miguel y de Santiago. Se trata de una muestra estratificada de 1151 carpetas, 762 de juzgados de garantía y 389 de tribunales orales en lo penal, que representan a 1420 imputados, la principal unidad de análisis”, detalló Ricardo Lillo.
Por otra parte, los profesores Javier Wilenmann y Juan Pablo Aristegui, publicaron en conjunto un capítulo del libro donde se presentan parte de los resultados de un estudio sobre la tramitación de causas vinculadas a delitos poco graves. “Para estudiarlo, aprovechamos el hecho de que el sistema penal chileno contempla un procedimiento especial para su tramitación, el llamado procedimiento simplificado. Analizamos las formas de trabajo vinculadas a este tipo de casos por medio de análisis descriptivos de datos de evolución de tramitación del procedimiento simplificado, por medio de entrevistas a fiscales, defensores y jueces con alta dedicación al tema, y por medio de la observación de audiencias de procedimiento simplificado”, indicó Javier Wilenmann.
En general -agregó- “en el capítulo documentamos la alta tendencia del sistema a la colaboración y estandarización entre los actores sobre el modo en que debe tramitarse y el resultado esperado de cada tipo de caso. Pese a eso, el artículo muestra que cambios en las prácticas de trabajo han llevado a niveles extremadamente altos de absoluciones”, concluyó.