La Facultad de Derecho de la UAI y la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (AIDA Chile) otorgaron el Premio Juan Achurra a la abogada Erika Isler por su tesis doctoral sobre prescripción y caducidad en el contrato de seguro, el pasado martes 18 de abril en la Sede Errázuriz.

El encargado de entregar la condecoración fue el decano Ramiro Mendoza, quien felicitó a la ganadora y destacó que “el derecho de seguros es un mundo que facilita la calidad de vida de los ciudadanos”.

Al recibir la distinción, Isler agradeció que la UAI y AIDA entreguen este tipo de estímulo porque, a su juicio, “incentiva la investigación”. Asimismo, expresó que “la importancia del derecho de seguros en el tráfico jurídico actual es enorme, ya que casi todos los productos que se transan hoy en día tienen un seguro asociado”.

Por otro lado, Roberto Ríos, miembro del directorio de AIDA, aseguró que el trabajo de Isler “aportará conocimiento y un análisis crítico al contexto de la investigación jurídica nacional del seguro, que por ahora es escasa”.

Este premio se ha instaurado como una forma de honrar la memoria de Juan Achurra Larraín, destacado abogado, académico y especialista en derecho de seguros.

Posteriormente a la ceremonia de premiación, el profesor de la Facultad, Osvaldo Lagos, presentó el seminario “Problemas en la regulación de seguros masivos y Consumidores”, en el que expuso sobre los conflictos contractuales que surgen entre las compañías de seguros y los asegurados. Para él, los criterios para determinar cuál es el mecanismo más indicado para resolver estos problemas son el costo, la duración y la informalidad del proceso, además de la transparencia e independencia del mediador.

Ante este escenario, Lagos plantea que el Defensor del Asegurado es la mejor opción, incluso por sobre los juzgados de policía local o el Sernac como ocurre mayoritariamente hoy en día, ya que “es un mecanismo especialmente ideado para resolver conflictos entre aseguradores y consumidores de seguros”. “Es lejos el más breve, con un promedio de 35 días para una resolución, además de ser gratuito e informal. Sin embargo, sus problemas de transparencia e independencia (al tratarse de una institución privada) probablemente influyen en la falta de legitimidad frente a los consumidores”, agregó el docente.

Por último, concluyó que “si el Defensor del Asegurado cumpliese con estos requisitos de transparencia e independencia, lo que se podría hacer mediante una sencilla modificación institucional, sería el mecanismo de resolución de conflicto más atractivo en materia de seguros masivos”.