La Facultad de Derecho realizó un seminario en el que abogados y economistas examinaron la entrada en vigencia de la Ley 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo que reemplazará a la actual Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y que deberá regular, supervisar, sancionar y velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero nacional.

Este estatuto fue promulgado el 23 de febrero del presente año y, a partir de ese día, existe un plazo de 18 meses para que la CMF comience a operar progresivamente. Sin embargo, el proyecto incorpora una segunda etapa que actualmente se encuentra en trámite legislativo, a la espera de que el Senado también apruebe la inclusión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) dentro de la misma CMF, formando así una entidad que fiscalice el mercado financiero de forma integral.

Entre los principales expositores destacaron: el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco; el jefe del área jurídica de la SVS, Juan Antonio Gaspar; el ex superintendente de la SBIF, Raphael Bergoeing; el ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Desormeaux; y el profesor de la Facultad y principal gestor de este seminario, Osvaldo Lagos, entre otros invitados.

El decano de la Facultad, Ramiro Mendoza, fue el encargado de dar inicio a la actividad y planteó que “una cosa que está faltando en la materialidad de los diálogos constitucionales chilenos es el aporte previo y posterior del mundo universitario”. Luego, agregó que “este seminario quiere dar cuenta de una transformación esencial del mundo financiero, de los valores, del control de la fiscalización y también de las sanciones administrativas que se pueden llevar a cabo”.

Posteriormente, el subsecretario Micco manifestó su conformidad con la implementación de la CMF, aludiendo que “este es un cambio de paradigma importante en el mercado financiero, ya que se crea un cuerpo colegiado con un nivel de independencia mayor y alejado de los ciclos políticos, que integra la regulación de los mercados bancarios, de valores y de seguros, y también porque dentro del proceso sancionatorio se hace una clara distinción entre las funciones del fiscal y del consejo resolutivo”.

Mientras que Juan Antonio Gaspar aseguró que la Ley 21.000, para la SVS, “es un motivo de alegría que es muy bien recibido dentro del servicio”. Gaspar explicó que el Consejo que comandará la CMF estará compuesto por un cuerpo colegiado, integrado por cinco miembros y cuyo presidente será designado por el Jefe de Estado, para un periodo de cuatro años. Los consejeros restantes también serán asignados por el Presidente de la República, aunque además necesitarán la ratificación de 4/7 del Senado, y la duración de sus funciones está contemplada en seis años. La inhabilidad, incompatibilidad o remoción del cargo de alguno de estos consejeros queda establecida en la misma ley, lo que les permitirá asumir una completa autonomía en sus labores. En cuanto al proceso sancionatorio, el fiscal, escogido a través de la Alta Dirección Pública, será el encargado de realizar las investigaciones y presentar las pruebas ante los miembros del Consejo, quienes finalmente dictarán las penas correspondientes.

Por otra parte, Raphael Bergoeing criticó que el proyecto vincule a la SVS y la SBIF en un solo organismo, ya que, a su juicio, “la supervisión en el mundo de valores y bancos es muy distinta: en valores la función es sancionar y resguardar que no se vuelva a repetir una conducta, mientras que en bancos la labor es preventiva”.

Por último, el profesor de la Facultad de Derecho UAI, Osvaldo Lagos sostuvo que la Ley 21.000 no introduce mayores cambios en cuanto a la protección del consumidor de créditos, por lo que éste seguirá siendo supervisado por el Sernac Financiero. “El diseño de la CMF ha preferido seguir la inercia de sus predecesores y desligarse de la regulación de un tipo de consumidor financiero (…). Con esto se afecta negativamente la conducción sistemática del funcionamiento del mercado y la protección de los consumidores”, afirmó el académico. Asimismo, cuestionó si tal vez “¿no sería mejor que las políticas de conducta del mercado y de protección al consumidor se condujeran de manera unitaria con las mismas estrategias?” De esta forma, respaldó el carácter técnico de los consejeros de la Comisión para el Mercado Financiero, en desmedro de la condición política del director del Sernac.