A raíz de la propuesta de reforma de modernización tributaria presentada por el Ejecutivo, la Escuela de Gobierno realizó un seminario en el que diversos expertos analizaron el proyecto de ley que ya se tramita en el Congreso. “¿De qué hablamos cuando hablamos de modernización tributaria?”, fue la interrogante que los expositores intentaron clarificar.
Para explicar las bases del proyecto, la coordinadora de Modernización Tributaria del Ministerio de Hacienda, Carolina Fuensalida, se refirió a los principales aspectos de esta reforma, asegurando que “como gobierno, nos encontramos convencidos de que estamos en presencia de una modernización, porque este proyecto toca de manera profunda el Código Tributario, cosa que no se hacía hace más de 40 años, así como también realiza cambios sustantivos al Servicio de Impuestos Internos, modificando las leyes de renta, de VA y de herencia y donaciones”.
Asimismo agregó que “tenemos una oportunidad muy significativa de simplificar nuestro sistema tributario” y anunció que el proyecto contempla la creación de una nueva institución llamada “Defensoría de Derechos del Contribuyente” (Dedecon), organismo que estará encargado de mediar los conflictos que surjan entre el SII y los contribuyentes y de entregarle la orientación necesaria que estos últimos requieran en materia tributaria, junto con destacar el proceso de digitalización del sistema tributario, ya que, a su juicio, al haber un “expediente electrónico”, se facilita y mejora la labor del SII a la hora de fiscalizar y ayuda a disminuir la evasión de impuestos.
Por su parte el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, criticó que el proyecto “omita varios elementos esenciales en su informe financiero” y advirtió que éstos pueden ser muy costosos: “me parece muy grave que el informe financiero se salte olímpicamente muchísimos cambios tributarios que cuestan plata. (…) Hay que dar una nueva mirada completa al Informe Financiero, porque como está, no hay información suficiente respecto a los efectos fiscales de esta reforma”.
Valdés aseveró que no se ha tomado en serio la discusión del impacto distributivo de los ingresos en Chile: “algo tenemos en nuestro sistema tributario que simplemente no afecta la distribución del ingreso”, sostuvo, e hizo un llamado a ver quiénes son realmente los beneficiarios finales de la integración del sistema tributario y su posición en la distribución del ingreso. “Quiero ser categórico en decir que un sistema integrado puede tener muchos beneficios, pero no vendan la mula de que es horizontalmente equitativo”, remató Valdés.
Por otro lado, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, apuntó sus críticas a que el proyecto no incluyera una reducción de los impuestos de primera categoría, argumentando que la tendencia de los últimos años en los países desarrollados va hacia la disminución de la carga fiscal a las empresas. “El 100% de los países de la OCDE han bajado el impuesto a las empresas, y esto es moderno; el único país que lo subió fue Chile, y eso me parece un retroceso”, expresó. Por otro lado, planteó que mantener las exenciones o regímenes especiales dentro del sistema tributario es “poco moderno”: “lo real aquí es la simpleza de ese impuesto único que se rebaja, en vez de llenarnos de exenciones que al final responden a intereses particulares”, sentenció el dirigente.
Otro delos invitados fue Macarena Navarrete, socia principal de la consultora Ernst & Young Chile, quien afirmó que “un sistema tributario moderno es aquel que provee fondos suficientes al Estado para poder responder a las necesidades de los ciudadanos, pero que también permita la actividad privada y el florecimiento de la economía” e indicó que es evidente que con esta reforma disminuirá la recaudación fiscal, pero aclaró que eso no era necesariamente algo negativo, ya que incluso así se podría solventar el gasto público y además podría fomentar el desarrollo de la economía.
Finalmente, Claudio Agostini, economista y académico de la Escuela de Gobierno, se manifestó contrario a la opinión del exministro Valdés y afirmó que “cuando un mira modelos teóricos, la evidencia que tenemos es que un sistema tributario ideal es 100% integrado, y esta es una condición necesaria para que exista equidad tributaria horizontal”, es decir, que las personas con igual ingreso paguen la misma cantidad de impuesto, independientemente de cuáles sean sus fuentes de ingreso.
Según Agostini, dentro de este sistema no debería existir ningún tipo de exención, salvo para el caso excepcional de las pymes e hizo un balance de los puntos positivos y negativos del proyecto, destacando la integración completa del sistema, la formalización de las pymes y su régimen tributario, la depreciación instantánea y los impuestos a servicios digitales.
En cambio, el académico UAI lamentó que se mantuviera la renta presunta, incluyendo la incorporación de una nueva diseñada exclusivamente para las pymes, y que se estableciera un nuevo “perdonazo” a los evasores. Dentro de las principales medidas ausentes que, a su juicio, se debió incorporar en la reforma están el aumento del impuesto al diésel y al azúcar, un impuesto negativo al ingreso y que se elimine la exención de impuesto a las ganancias de capital.