La economista y académica de la Escuela de Gobierno, Andrea Repetto, fue entrevistada por CIPER Chile a raíz de que el gobierno llevó al Congreso un plan “inédito” para que los trabajadores enfrenten la crisis del coronavirus. Para Repetto la iniciativa es completamente insuficiente, pues supone que alguien puede sobrevivir a una cuarentena con $50 mil; o que se ayuda a las personas haciendo que se paguen sus sueldos con sus propios fondos del seguro de cesantía. “Esto ya es mucho. Aquí es cuando tiene que entrar el Estado”, dice.

“Si el Estado no gasta hoy, entonces cuándo. Estas son circunstancias extremas en que hay que usar los recursos para proteger a los trabajadores y ayudar a las empresas”, dijo a CIPER Andrea Repetto, doctora en Economía del Massachusetts Institute of Technology, MIT. En esta entrevista detalla el plan del gobierno que, en su opinión “no está gastando en la proporción que se requiere”. Explica que el mayor monto propuesto, -US$2.000 millones para los trabajadores con seguro de cesantía- no es gasto, sino un préstamo. Cuestiona, además, que el plan parta usando las cuentas individuales de ese seguro, porque eso implica hacer que los trabajadores se pagaran sus sueldos, gastando recursos que pueden necesitar si quedan desempleados más adelante. Por eso estima que el plan del gobierno no solo se queda corto sino que “en la práctica, esa política está desprotegiendo a los trabajadores”.

(Transparencia: Andrea Repetto es miembro del directorio de CIPER. La idea de entrevistarla surgió, como todas nuestras investigaciones y entrevistas, de una pauta periodística independiente, en la que buscamos llevar a nuestros lectores y lectoras una visión amplia y variada de lo que ocurre en Chile).

-Desde el estallido del  18/O se insiste masivamente en la necesidad de un Estado fuerte, sobre todo en seguridad social. ¿Te parece que ese Estado ha aparecido ahora, en esta crisis de salud?

-No. Creo que tenemos un Estado muy débil en seguridad social. Es un Estado subsidiario, que deja que esa tarea sea asumida por el sector privado. La brecha que existe entre la seguridad que tenemos quienes estamos en el sector privado y quienes están en el sector público es muy grande; eso era evidente en el estallido social y lo es más en estos días. Una crisis como esta muestra la importancia de que todos tengamos los mismos derechos, tanto en pensiones como en salud y en seguro de cesantía. Esos espacios deberían ser comunes. No hay seguridad social si la seguridad no es común.

-¿Por qué crees que no hemos avanzado en un sistema de seguridad social común?

-Creo que ese debate, que lleva bastante tiempo, no ha logrado permear la política y generar acuerdos. La discusión del plan AUGE durante el gobierno de Ricardo Lagos, buscaba exactamente eso: crear un fondo común en el que todos participáramos y tuviéramos las mismas posibilidades de cobertura. Y en el tema de las pensiones, el 2006 la comisión Marcel sostuvo que un sistema basado en cuentas individuales no entregaba seguridad suficiente ni guardaba relación con la realidad de la mayoría de los trabajadores, y que para hablar de seguridad social teníamos que contribuir todos. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la propuesta de crear un ahorro colectivo iba en esta misma línea. Creo que en el mundo académico esta discusión se ha realizado bastante abiertamente hace bastante tiempo. No hay acuerdos, por supuesto, pero me parece que el punto es que esta discusión no ha permeado en la política lo suficiente. Y la verdad, no estoy segura de que vaya a ser distinto después de que pasemos esta crisis.

-¿Por qué no ha permeado, si además ese Estado fuerte cuenta con mucho respaldo ciudadano?  ¿Crees que la elite económica ha ejercido presión para que estas ideas no avancen y que la política responde a los intereses económicos?

-Sí, la política tiende a responder a los que tienen más poder y eso, muchas veces, se vincula con mayor cantidad de recursos económicos y con el estar en el grupo social correcto, especialmente en Chile, donde la elite empresarial, académica y política pertenece a un mismo círculo. Si tienes mucho dinero puedes comprar muchas cosas, entre otras, thinks tanks, medios y académicos. De alguna manera hay que ponerle límite a eso. Eso no significa estatizarlo todo, pero sí empezar a regular de manera más agresiva y poner límites al círculo vicioso en el que los que acumulan más dinero, tienen más poder y eso les permite tener más dinero. Hoy hay una discusión muy importante en el mundo sobre los impuestos a las herencias, a las propiedades, que va en esa línea.

-Hay varios investigadores que detectan una ruptura muy fuerte entre la sociedad chilena y la elite económica y política. Macarena Valenzuela y Serio Toro dicen que la sociedad ya no acepta la manera en que la elite ejerce el poder; hablan de “un momento anarquista” en el que se empoderen autoridades mas de base, como los alcaldes, que empujaron al gobierno a aceptar el plebiscito, a suspender las clases y a decretar cuarentena. ¿Crees que la brecha que hay con la elite se puede revertir con políticas públicas que limiten la herencia o creen contrafuegos entre el dinero y la política?

-Pienso que el quiebre que hay en Chile tiene que ver con que la elite hace políticas para los demás, desde la distancia, suponiendo cómo es la vida de las personas a las que tienen que beneficiar. Y así, no nos damos cuenta, por ejemplo, que al subir $30 pesos del Transantiago, el presupuesto de las familias que tienen salario mediano se ve afectado. Para la elite ese es un monto irrelevante porque no ven a esas familias.  Esa distancia se observa en muchas políticas públicas. Por ejemplo, en el Ingreso Ético Familiar, que es el programa estrella destinado a  las familias vulnerables. Uno de sus componentes es un premio a las notas de los niños: si un niño está en el 30 por ciento superior de su cohorte, la familia recibe un bono de cerca de $60 mil. Por supuesto, eso implica poner a los niños a competir con sus compañeros por las mejores notas.  Y  supone que los niños no tienen buenas notas porque no hacen un esfuerzo y hay que estimularlos. Los que hacen las políticas no se preguntan si los niños tienen mal aprendizaje quizás porque hay violencia en su casa  o en su barrio. Es una política “desde arriba” vinculada con la idea de que si la gente está en situación de pobreza es porque no se esfuerza lo suficiente, porque no hace lo correcto y hay que decirles lo que tienen que hacer. Yo creo que una parte importante de la distancia social que existe hoy, corresponde a eso. El protagonismo que tienen hoy los alcaldes, lo vinculo con el mismo fenómeno; ellos conocen la vida de las personas, van a sus casas, los atienden en el consultorio, en las escuelas, en la OMIL (Oficina Municipal de Información Laboral). En ese sentido, claro que las regulaciones no resuelven esta distancia, porque para eso necesitaríamos que los ministros de transportes anden en micro, que los ministros de salud se atiendan en el sector público. Que compartamos vivencias.

-Al problema que mencionas me parece que hay que sumarle la percepción de que el sistema político está comprado. Creo que esa idea quedó instalada en la mente de muchas personas cuando vieron que no  podíamos conocer a todos los involucrados en el financiamiento ilegal de la política. Esa desconfianza es compleja hoy porque algunas empresas van a requerir rescate económico del Estado. Y esas operaciones van a ser cuestionadas como salvatajes de amigos.

-Claro. Esta crisis nos va a obligar a hacer muchas cosas que en tiempos normales parecen inapropiadas, como inyectar fondos a empresas que se ven como grandes y robustas, pero que si no reciben ayuda, se generaran consecuencias importantes para sectores enteros y sus trabajadores. Dada esa desconfianza, es clave cómo hagamos la inyección de fondos. Debe hacerse con criterios estrictos, conocidos por todos, discutidos públicamente en el Congreso. No puede verse como que estamos favoreciendo a los dueños o a los amigos. El objetivo es salvar a la empresa, sus trabajadores directos e indirectos y su productividad, que no es lo mismo que salvar a sus dueños. Hay experiencias en eso de las que podemos aprender, por ejemplo en la crisis de 2008 -2009, en Estados Unidos. Se salvó a la industria automotriz estableciendo claramente exigencias a los dueños.

-Esa crisis también arrojó una experiencia mala: la recuperación económica se la llevo la elite. En cambio las clases medias quedaron estancadas durante una década y, algunos dicen que por eso terminaron votando por Trump.

-Sí, hay mucha discusión, sobre todo respecto a las ayudas que recibió el sector financiero. Es un sector muy complejo porque no es obvio que entregue los servicios que de verdad se necesitan y que cobren lo que corresponde. Por otra parte,  los sueldos del sector financiero son un factor importante en la desigualdad; si el 1% de la población se ha vuelto más rica en el mundo, en parte tiene que ver con los sueldos de los ejecutivos de esa industria, cuyos pagos no es claro que estén relacionados con lo que de verdad producen.

Pero vamos a tener que ayudar a las empresas. Eso parece bastante claro. Y para hacer eso bien me parece que lo que hay que preguntarse es si la empresa que necesita ayuda tiene un problema de liquidez, es decir, en tiempos normales funcionaría bien; o es una empresa que quizás estaba mal manejada, en cuyo caso los dueños son los responsables y  tendrán que asumir el mal manejo, o simplemente no era rentable. Otro factor que hay que considerar es cuántas empresas dependen de ese negocio. Por ejemplo, si se trata de una empresa grande que compra insumos  a un grupo de proveedores pequeños,  entonces hay mucho empleo involucrado en ese caso y es un motivo para actuar. Pero es muy importante conversar esto antes, explicitar los mecanismos, el costo para el fisco, los requisitos para la devolución. Tenemos que pensar en ese tipo de cosas y hay que hacerlo de manera muy abierta, con criterios súper claros.

-¿De dónde deben salir los recursos para ayudar a trabajadores y empresas? ¿Crees que el Estado debe endeudarse?

-Si el Estado no gasta hoy, entonces cuándo.Estas son circunstancias extremas en que hay que usar los recursos para proteger a los trabajadores y ayudar a las empresas. Si es necesario reasignar, se reasigna. Si hay que endeudarse, como las tasas están bajas, hay que hacerlo.  Hoy hay que ser agresivo, olvidarse de la timidez, no es el minuto de los balances fiscales. Las circunstancias son graves; ordenar las finanzas públicas va a ser un problema posterior. Afortunadamente en este momento tenemos un espacio para endeudarnos, tenemos ahorros, estamos en una buena posición para gastar. Pero hay que hacerlo hoy y me temo que nuestro Estado no está gastando en la proporción que se requiere. Estamos en la dirección correcta, pero con unos montos que son muy tímidos.

-El bono de $50 mil por una vez no permite que nadie haga alguna cuarentena.

–El programa de protección entero es incompleto, tanto para los trabajadores dependientes como para los por cuenta propia. Está completamente rezagado. El plan completo  contempla US$12 mil millones. Pero de ellos US$7.500 son préstamos de corto plazo a las empresas; es decir el gobierno está prestando plata entre 3 y 12 meses. Algo de eso se gastará en el interés que no se va a cobrar, o en la empresa que quiebre y no pague; pero eso es una mínima parte. Los otros US$4.500 son, en principio, gasto real. Un pedazo es rebaja de impuestos y luego unos $1.500 millones son para salud: para más tests, insumos, pago de especialistas, etc. Luego está el dinero para trabajadores. Y aquí estamos súper cortos. Para los trabajadores que están en el seguro de cesantía, el anuncio es que se van a agregar US$2.000 millones. Creo que es una buena idea plantear que se congele la relación laboral y que el trabajador pueda acceder a esos fondos, porque lo que requerimos es que no trabajen y que no pierdan el empleo, para que puedan estar tranquilos en sus casas. El problema que para financiar esa cuarentena, primero se va a usar el dinero de la cuenta individual del trabajador. Es decir el trabajador va a financiar su propio sueldo.

-Si se lo paga el trabajador, no parece que sea una protección del Estado.

-Creo que, en la práctica, esa política está desprotegiendo a los trabajadores. En este momento lo que hay que hacer es darles seguridad, que puedan quedarse en sus casas, tranquilos porque  que van a tener ingresos suficientes y luego van a poder volver a su pega. Pero esta política no da seguridad porque si después pierden su trabajo, no van a tener cómo financiar ese desempleo, pues usaron los fondos durante la crisis para pagar su propio sueldo. De acuerdo con el plan del gobierno, si esa plata no alcanza, entonces se usará el fondo solidario, y después, si todo eso no alcanza, recién entrarían los US$2.000 del Estado. Lo que yo argumento es que la plata que hay hoy en el sistema completo – entre las cuentas individuales y el fondo solidario y sin los US$2.000 millones que prometió agregar Hacienda, alcanzan para financiar 6 meses de beneficios completos para el 100% de los cotizantes. Esto implica que los US$2.000 millones que prometió el ministro Briones puede que no se gasten, que no entren nunca. Además, el proyecto de ley que se discute en el Congreso dice que estos eventuales US$2.000 millones son un préstamo que el Estado hace al seguro; trabajadores y empresarios deben devolverlos. Por eso creo que hay que actuar al revés; primero hay que usar plata del Estado y después vemos cómo usamos nuestros fondos.

-Pese a todo, esos trabajadores están un poco mejor protegidos que los que no tienen contrato y para los cuales el gobierno ha anunciado un bono de 50 mil.

-Claro. Ese dinero es para las personas que no están en el Seguro de Cesantía sino que en el Subsidio Único Familiar. El monto está asociado a sus cargas y es a todas luces es insuficiente. Esas personas necesariamente tendrán que salir a trabajar y el esfuerzo de la cuarentena va a resultar ineficaz. Entonces este paquete que el gobierno ha definido como inédito, no entrega protección a los trabajadores. Diría que más bien este paquete refleja el sistema de seguridad social que tenemos: que cada uno se financie con sus propios ahorros y después, si se pude, veremos qué puede financiar el estado. ¿Si usted es feriante, taxista, trabajador, puede vivir con 50 mil pesos por una vez?

-Estamos en una encrucijada histórica en que el sistema económico, caracterizado por un Estado débil, muy cuestionado el 18/O, nos puede llevar a un desastre de muertos y de miles de familias desprotegidas.

-Exacto. Porque al final lo que necesitamos es detener los contagios. ¿Cómo podemos hacer eso? Testeando, aislando a la gente contagiada y trazando. Y luego, dándole seguridad a las personas de que se pueden encerrar tranquilos y no con la angustia de que no van a poder pagar sus deudas o que van a perder sus trabajos. Para conseguir eso nos estamos quedando cortísimos. Yo soy muy crítica del sistema de seguridad social, tanto en pensiones como en el seguro de cesantía, pero esto ya es mucho. Aquí es cuando tiene que entrar el Estado. Hoy no está ofreciendo nada razonable a los trabajadores.

-¿Cómo se explica este nivel de propuestas? Parece un ejemplo de las políticas que mencionamos al principio, donde la elite hace políticas suponiendo cómo es la vida de las personas a las que tienen que beneficiar.

-Me cuesta mucho entender lo que están haciendo el gobierno. Lo único que creo vislumbrar es que el ministerio de Hacienda no quiere gastar más, quizá porque no desea subir los impuestos más adelante. Eso me parece equivocado. Para la crisis social, el plan propuesto por el ministerio tenía el mismo tono: dar unos bonos, arreglar unas cosas y que todo siguiera tal cual. Íbamos a gastar mucho el 2020 y luego no. Creo que esa mirada nos va a hacer pagar un alto costo en esta crisis.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

Publicado en CIPER Chile.