Otro golpe encajó la semana pasada Valparaíso. Otro que se suma a la amplia lista de infortunios de los últimos meses.
Uno que algunos lamentan como la pérdida de una oportunidad histórica para revertir -al menos parcialmente- la alicaída actividad económica de la ciudad con las consencuencias que ello conlleva (generación de empleos y reactivación). Un golpe -de suerte- celebran como oportunidad de librarse de un mal proyecto que clausuraba acceso y vista al mar en la zona declarada patrimonio por la UNESCO. Esto, dicen los detractores del T2, abre la posibilidad a un plan de expansión portuaria bien ejecutado y sin externalidades negativas que, por lejos, no se limitaban al acceso al frente marítimo.
La idea es atractiva. Sin embargo, conociéndola realidad de Valparaíso los atrasos crónicos e inexcusables en la recuperación de ascensores y en un largo etc.), una pregunta cae de cajón, ¿cuándo se realizaría ese plan portuario y urbano alternativo?, ¿en años, décadas?
Es posible que el debate por la caída del T2se quede un tiempo. Esta discusión alberga, sin embargo, el riesgo de invisibilizar otros infortunios que afectan a la ciudad. Dentro del listado destacan la decisión reciente de SAAM de cerrar su edificio en Valparaíso, así como el cierre de la Bolsa de Valparaíso y la vacancia casi completa del magnífico edificio que la cobijó. Un destino parecido le espera al edificio de la Sudamericana de Vapores, una vez que Hapag Lloyd se Santiago. Con todo, son agentes privados quienes, si bien no están exentos de la llamada responsabilidad social, pueden tomar sus decisiones de acuerdo a criterios propios. Distinto es, postulamos, el caso de empresas o reparticiones estatales con sede en Valparaíso. Estas tienen la responsabilidad de contribuir al beneficio de la comunidad en la que se encuentran insertas.
Esto quiere decir que ahí donde los privados, por diversas razones, debiesen hacerlo -subsidiariamente- las reparticiones públicas, puesto que su vocación es por definición pública. Por eso, no se entiende que reparticiones estatales como EPV y Minvu, que después de haber anunciado la recuperación del edificio Subercaseaux en Barrio Puerto, en una pirueta tan asombrosa como diletante, hayan bajado el proyecto. Si el Estado (para qué hablar del Municipio de Valparaíso) mañosamente no es capaz de llevar adelante proyectos que ha comprometido y dilapida recursos públicos -pensemos en el gasto en que incurrió al pagar el diseño arquitectónico a un Premio Nacional de Arquitectura-, menos podemos exigir de los privados la revitalización de un barrio condenado al deterioro.
En esto consiste el principio de subsidiariedad: no en la mera abstención y en un estado mínimo, sino en un Estado proactivo que promueve con efectividad el desarrollo de la sociedad. Esto significa que hay ocasiones en las que el Estado debe generar las condiciones para la posterior inversión privada, toda vez que en este caso está en juego la esencia patrimonial de la ciudad. Mientras los golpes se ciernen sobre Valparaíso, la ciudad espera de sus autoridades un plan urbano y portuario que revierta la tendencia de las últimas décadas. Una luz de esperanza proyecta el Parque Barón al mismo tiempo que el centro histórico sigue indefectiblemente su marcha al ocaso.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.