A raíz de la carta dirigida por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al rey de España, exigiéndole que “el Estado español admita su responsabilidad histórica” por las ofensas cometidas contra las sociedades amerindias durante la Conquista y el posterior régimen colonial, las opiniones de intelectuales, políticos e historiadores han ido desde el apoyo irrestricto al requerimiento del Presidente mexicano hasta la crítica vehemente. En juego están, me parece, distintas formas de comprender la historia y los usos y abusos que se pueden hacer de ella. Decir que la historia está sujeta a las opciones políticas de quien la escribe es una verdad que ni siquiera merece cuestionamiento. No obstante, otra cosa muy diferente es presentar el pasado con ojos del presente, como si la labor de los historiadores fuera juzgar antes que comprender.
La carta de AMLO, a decir verdad, no es tan populachera o propagandística como se le pintó en un principio. Contiene párrafos sensatos, como por ejemplo aquel que señala que la historia mexicana está íntimamente ligada a la española y que, por eso mismo, “resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia” de ambas naciones.  El problema surge cuando, acto seguido, el Presidente mexicano emplea palabras y conceptos que remiten más al siglo XXI que al XVI. Plantear que la incursión de Hernán Cortés fue un acontecimiento “tremendamente violento, doloroso y transgresor” es correcto si lo miramos desde una perspectiva anclada en los derechos humanos. No obstante, el concepto de derechos humanos puede, con algo de suerte e imaginación, rastrearse recién a la Revolución Francesa, por lo que juzgar a Cortés con ideas actuales es ciertamente anacrónico.
Lo mismo puede decirse de la esclavitud y de muchos otros procesos que, hoy, nos parecen aberrantes. Más que juzgar a los esclavistas debemos estudiar, por tan sólo nombrar algunas posibilidades, los circuitos comerciales de la esclavitud afroamericana, las costumbres de los esclavos y sus aportes en la construcción de sociedades heterogéneas. Si buscamos culpables por lo que aconteció hace dos o tres siglos, los encontraremos fácilmente. Sin embargo, insisto, los historiadores no son
jueces; aquellos que creen lo contrario más parecen beatos de la moralina que científicos sociales.
Pero hay un punto incluso más delicado en la carta de AMLO. Propone que México y España “acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado” de su historia común, planteando, una vez más y a pesar de todos los avances en la historiografía profesional, una narración única del pasado. Sólo los estados totalitarios pueden aspirar a algo tan descabellado. Las sociedades democráticas no deben tener miedo al disenso y a la libertad de pensamiento. Más vale una narrativa polifónica que monocromática.

Publicada en La Segunda.