Importantes desafíos enfrentarán las regiones en los próximos meses. Si ya el proceso de descentralización sembraba incertidumbre en algunos actores locales, tendremos que sumar un ingrediente adicional: el límite a la reelección de los alcaldes. El tema no es menor. Si todo sigue su curso normal, el proyecto recién aprobado en el Congreso impedirá la postulación de cerca de 100 ediles.
No entraremos en esta oportunidad en los buenos argumentos que existen para oponerse o apoyar este tipo de limitaciones -si tiene la oportunidad, le sugiero revisar un reciente estudio P!ensa de Maximiliano Duarte al respecto-, sino más bien en las implicancias territoriales del asunto. Más aún considerando que, como hemos sugerido, los nuevos alcaldes convivirán por primera vez con un gobernador regional democráticamente electo.
Todo cambia para las administraciones locales, lo que lleva a un desafío mayúsculo. Cualquier promotor de la descentralización (dentro de los cuales me incluyo), debe conocer los riesgos inherentes al proceso. Tanto nuestra historia como la evidencia comparada sugieren que, usualmente, la descentralización se asocia con un mayor riesgo de corrupción. Se ha sostenido, por ejemplo, que la influencia de las autoridades subnacionales en la distribución de los fondos podría incidir en la aparición de prácticas clientelares, del patronazgo, o sencillamente en la ejecución de otros actos ilícitos.
Por lo mismo, suelen ser los mismos entusiastas de la descentralización quienes destacan la necesidad de que estos procesos vayan acompañados de una institucionalidad que se haga cargo de estos problemas. En esa línea, siempre se sugiere la relevancia de fomentar la participación, la transparencia y el control democrático a nivel territorial.
En los últimos años han sido muchos los esfuerzos destinados a mejorar nuestra institucionalidad. Tenemos leyes que aseguran transparencia, muchas de las cuales se han traducido en portales y plataformas que nos permiten acceder fácilmente a la información pública. Sin embargo, el mejoramiento de la institucionalidad no necesariamente ha devenido en el uso efectivo de esa información disponible. Por lo mismo, me atrevería a sugerir que parte del problema se relaciona con la lógica de tratar a la transparencia como fin último, olvidándonos de que lo que buscamos es la activación y el control democrático.
Esto, en la actualidad, tiene una relevancia particular. Distintos actores internacionales han sostenido que la crisis sanitaria trae aparejada una grave crisis democrática. Es cierto que muchos de esos comentarios surgen a propósito de la propensión al totalitarismo que se ha vivido en algunas latitudes, pero también se ha apuntado a otras problemáticas propias de democracias liberales más consolidadas. La pandemia, en resumen, amenazaría la vida en comunidad, la participación y el fortalecimiento de la sociedad civil, precisamente aquella que está llamada a asumir el rol de fiscalización permanente con sus autoridades locales (y ciertamente nacionales). En nuestro caso, además, debemos sumar nuestra crisis social, la cual ha devenido en incluso mayor desconfianza de la institucionalidad, lo que termina ensalzando vías alternativas que no necesariamente se traducen en un control eficiente.
En resumen, la reelección y el proceso de descentralización cambiarán, en tiempo récord, las dinámicas políticas de los territorios. Por lo mismo, urge reconocer que no será un proceso fácil. A estas alturas, y luego de los meses que nos han antecedidos, resulta evidente que el sistema político debe trabajar en su permeabilidad. Debemos sentir que nuestra voz es escuchada, lo que ciertamente depende más de los votados que de los votantes. Sin embargo, también debemos ser conscientes de la necesidad de una sociedad viva, manifestada en ciudadanos particularmente interesados en influir a través de mecanismos democráticos. Allí parece estar la clave. De poco servirá tener un alcalde y un gobernador renovado, si como sociedad nos quedamos anclados en la lógica del pasado.
Publicado en La Tercera.