486 manifestaciones que derivaron en desórdenes, más de 450 detenidos, 45 carabineros heridos, 11 civiles lesionados y tres muertos. Ese fue el balance que el gobierno realizó luego de la conmemoración del 18-O el pasado lunes.

Lo cierto es que a favor o en contra, debiera haber sido una jornada de reflexión, respecto de un momento de quiebre de nuestro statu quo, ese que se mantenía desde comienzos de la década del ’90 y cuyas debilidades terminaron por hacer explotar la olla a presión que se venía gestando desde hace 30 años. Sin embargo, la meditación respecto de lo que queremos como país estuvo ausente y las marchas pacíficas dieron pie nuevamente a actos de violencia.

En medio de los desórdenes, la clase política se apuró en comenzar a sacar los trapitos al sol de sus contrincantes y a pasarse la pelota unos a otros, sin que nadie reconociera responsabilidad alguna. Así, gobierno y oposición, con los candidatos presidenciales pululando y buscando cámaras, se han enfrentado toda la semana por quién tiene más o menos incumbencia ante la destrucción –una vez más- de fuentes de trabajo y mobiliario público. Peor aún, ante la pérdida de vidas y heridos.

Pero, como diría la Primera Dama –recordando un jocoso audio que se filtró en pleno estallido- parece que los alienígenas llegaron al país y no solamente se han dedicado a destruir todo a su paso, sino que también son los únicos responsables de lo que sucede. Porque en la clase política, nadie admite nada. El gobierno culpa a Gabriel Boric y Yasna Provoste por su respaldo al indulto a los presos de la revuelta, mientras que el primero retruca recordando que el Ejecutivo “busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia en vez de cumplir su rol”. En tanto, Sichel pide un “mea culpa” de la clase política –como si él no perteneciera a ella- y José Antonio Kast trata de capitalizar el descontento de quienes sufrieron la violencia.

A estas alturas, lo cierto es que tiene poca relevancia quién dijo qué, quién defendió qué o quién cuestionó qué. A la ciudadanía no le importa. Al igual que los pingüinos de la película infantil Madagascar, cuyo líder cachetea a otro y le dice “no quiero excusas, quiero resultados”, de la misma manera al chileno no le interesan los pretextos, saber quién podría ser eventualmente el responsable “intelectual” de dar rienda suelta a los que consideran que la violencia es un medio válido. La gente quiere resultados: tranquilidad, justicia, ser tratado como igual en un país lleno de diferencias abismantes, respeto, reconocimiento de su esfuerzo, seguridad y un largo etcétera.

Aquí no valen ya las explicaciones. Se necesitan soluciones. ¿Cuáles son? Es labor del gobierno encontrarlas, porque el que está a cargo del país es Sebastián Piñera. No Boric, no Provoste ni ningún otro candidato. Al menos hasta el 11 de marzo de 2022.

Pasarse la pelota unos a otros no es la forma de encarar un problema que se está convirtiendo en endémico. Basta ver el centro de Santiago o el plan de Valparaíso para darse cuenta que la violencia se está tomando las calles sin ningún contrapeso. Mientras vuelan los semáforos, se incendian las calles y el mobiliario público se lanza por los aires, la clase política juega al “yo no fui”, en un permanente estado de debate sin sentido ni fin.

Un medio aseguró que, tras los saqueos, barricadas y desmanes, “los cuestionamientos van en dos sentidos: quién capitaliza la destrucción e inseguridad vividas el lunes y quién queda al debe en el escenario presidencial”. Qué equivocado está. El foco no puede estar puesto en quién capitaliza políticamente una jornada que muestra lo peor de lo nuestro. Al revés, la médula del asunto debe ser cómo la sociedad entera se plantea frente a las deudas que tenemos entre nosotros mismos: cómo mejoramos la desigualdad, cómo terminamos con el “pitutismo” que llena de oportunidades a unos y deja en la cuneta a otros. Cómo forjamos una sociedad más justa y menos ambiciosa, quizás.

Obviamente será tema qué se hace respecto de la ley de indulto que promueve la centroizquierda, qué pasa con la ley antibarricadas y antisaqueos, pero también cómo formamos una fuerza policial que sea capaz de diferenciar a los violentistas de los manifestantes, que a todo evento respete los DD.HH. de quienes son detenidos, que no terminen con fallecidos en sus celdas. No puede haber más muertos en Chile producto de una desigualdad que se transformó en costumbre.

En medio de esta crisis, terminamos en el máximo absurdo: nadie es responsable de nada. Sepa –y pague- Moya.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.