Al momento de asumir la presidencia de Argentina, Javier Milei interpretó que el único ajuste posible para un país al borde de la hiperinflación y dramáticas alzas en los niveles de pobreza era aplicar unos meses de shock económico. A su favor tenía entonces la legitimidad de origen que le dio un triunfo electoral contundente. Por delante, estaba el deber de mostrar resultados concretos de avance durante su primer año de mandato.
Hoy que ya se ha cruzado el hito de los primeros cien días de Milei es posible realizar una evaluación de su radical estrategia, dividida en cuatro partes: i) dejar de financiar el gasto con emisión monetaria, lo que implicó la necesidad de hacer una drástica reducción del gasto; ii) eliminar —de un modo sin precedentes en las últimas décadas— oficinas y ministerios que absorbían montos millonarios pero que, en su visión, no habían hecho ninguna contribución real; iii) la emisión de un megadecreto «de necesidad y urgencia» que modificaba cientos de normas (entre ellas, la desregulación del mercado laboral para promover la iniciativa privada y fomentar las contrataciones, la reducción del poder de los sindicatos, la eliminación de trabas burocráticas para realizar trámites y ejercer ciertas profesiones y oficios, la derogación de controles de precios —en particular, de la llamada «ley de alquileres»—y la desregulación del mercado de medicina prepaga); y iv) el envío al Congreso de un proyecto de ley muy ambicioso, que abordaba temas totalmente diferentes entre sí —desde la privatización de decenas de empresas públicas, hasta el endurecimiento de sanciones por cortar el tránsito vehicular (los «piquetes»), pasando por reformas tributarias, electorales, previsionales y penales (como ampliación de la legítima defensa)— y además incluía la declaración de emergencia y el otorgamiento al Poder Ejecutivo de facultades legislativas en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social (así como su facultad de eliminar fondos fiduciarios millonarios; también llamados «cajas negras de la política»).
¿Qué podemos evaluar hasta ahora del resultado de esas cuatro estrategias de shock sobre un país aún muy lejano de la estabilidad añorada, y con una tensión creciente sobre su situación política, económica y social?
La primera estrategia de Milei (reducción del gasto) ha sido hasta ahora relativamente exitosa, gracias a que la segunda estrategia (reducción del aparato público) pudo implementarse rápidamente, pues estas modificaciones no requirieron la aprobación del Poder Legislativo. Hubo en enero reiteradas protestas en la vía pública y hasta un paro general organizado por los sindicatos. Se sumaron duras críticas de parte de los gobernadores de provincias, quienes comenzaron a recibir menos dinero del gobierno nacional y se vieron, por ende, necesitados de un fuerte ajuste. Pese a todo esto, la administración en Casa Rosada no cedió.
De esta forma, Milei logró cerrar enero y febrero con superávit fiscal, lo que no se había logrado en Argentina en más de una década. La inflación, por otra parte, empezó a ceder. El economista asumió en diciembre de 2023 con una inflación mensual de 25,5%, que para enero bajó a 20,6% y consiguió llegar en febrero al 13,2% [datos de INDEC]. Ello se vio acompañado de una disminución considerable del «riesgo país». Queda por ver si acaso estos índices alentadores se traducirán en una reducción de la pobreza y el desempleo (las estadísticas oficiales al respecto se difunden de manera trimestral). En cualquier caso, parece evidente que un ajuste tan profundo acarreará costos sociales, con la expectativa de que a mediano y largo plazo la situación repunte. Por el momento, la situación social es tensa, con un pueblo que, en mayor o menor medida, sufre en su vida cotidiana las consecuencias de este ajuste.
La tercera estrategia, el megadecreto «de necesidad y urgencia», por el momento funciona. En Argentina, este tipo de decretos deben ser tratados por la llamada «Comisión Bicameral Permanente», conformada por un grupo de diputados y de senadores. Para rechazar el decreto, es necesario obtener mayoría en ambos grupos. Los senadores ya lo rechazaron, dando diferentes argumentos: desde su inconstitucionalidad (por considerar que no hay situación de necesidad y urgencia) hasta su oposición a medidas concretas, como la desregulación del mercado de las empresas de medicina prepaga. Ahora, se espera la decisión de los diputados.
Por último, la cuarta estrategia, sobre un ambicioso y multifuncional proyecto de ley, resulta hasta ahora fallida. Los legisladores de la oposición propusieron reformas que, según Milei, atacaban partes esenciales de la ley (como el otorgamiento al presidente de facultades legislativas). En particular, Milei ha acusado a los legisladores opositores de no querer renunciar a sus privilegios (recordemos aquello de las cajas negras de la política). El gobierno decidió retirar el proyecto y presentar una nueva versión, pero sin ceder demasiado (por ejemplo, la antigua versión otorgaba amplias facultades legislativas al presidente, mientras que la nueva las reduce, pero no las elimina). Su tratamiento se encuentra pendiente.
En definitiva, la oposición no es ingenua. Salvo casos aislados de políticos que no entienden postulados básicos de economía, todos saben que, tarde o temprano, el ajuste y las medidas promercado darán resultado. Nadie hasta ahora se había animado a adoptarlas por temor a la reacción del electorado. Lo que tiene desconcertada a la oposición es que, por ahora, los votantes de Milei parecen seguir comprometidos con su proyecto y resistiendo el ajuste. ¿Cambio cultural? Aún no lo sabemos. El «capítulo libertario» de Argentina todavía se está escribiendo.
Publicada en Ciper.