Una reciente publicación de la OCDE reveló las cifras preliminares de recaudación tributaria para sus países miembros en 2017. El promedio alcanzó un 34,2% del PIB. Para Chile la proporción es inferior en catorce puntos porcentuales a ese promedio.

A propósito de la desigualdad de ingresos, después de impuestos y transferencias netas, que existe en Chile, muy por encima del promedio de la OCDE, en muchos sectores está la aspiración de elevar nuestra carga tributaria, más allá de la reforma del gobierno anterior, para avanzar hacia un Estado de Bienestar que permita una distribución más equitativa. Es una alternativa posible; países como Alemania, Canadá o Reino Unido tienen una carga de ese tamaño promedio y nadie podría negar que son economías capitalistas, abiertas al intercambio comercial y donde empresas y personas tienen una amplia facilidad para hacer negocios y emprender.

Sin embargo, la posibilidad de que Chile pueda elevar su carga tributaria en esa magnitud se ve muy difícil. Por un lado, casi ocho puntos de esta brecha se explican por el distinto carácter de los sistemas de pensiones. En los países de la OCDE, en general, las contribuciones a la seguridad social son tratadas como un gravamen -son sistemas de reparto- y alcanzan 9,2 puntos del PIB. En Chile, cotizaciones que alcanzan un 1,4 por ciento del PIB tienen ese carácter. Las efectuadas en cuentas individuales no son consideradas impuesto.

El sistema de pensiones chileno seguramente seguirá siendo de capitalización individual. Por cierto, es posible pensar en introducirle algunos grados mayores de solidaridad. El gobierno anterior intentó esa aproximación, pero, aun siendo modesta, no suscitó mayorías claras. Por cierto, en el futuro esta situación política podría cambiar, pero es difícil pensar que los pilares centrales del actual sistema se modificarán sustancialmente.

El resto de la brecha se explica casi completamente por la diferencia en la recaudación que proviene de impuestos a las personas. Según la publicación antes citada, el promedio de los países de la OCDE recauda por este concepto un 8,2 por ciento del PIB, mientras que nuestro país, solo un 1,8 por ciento. Seguramente aún existen fuentes de elusión y evasión de gravámenes que pueden cerrarse (la renta presunta es un buen ejemplo), pero pensar que a través de esta vía se puede producir un cierre dramático de esta brecha es poco realista.

A menudo se especula con tasas marginales mucho más altas a las personas de ingresos muy elevados. Esos intentos, en distintas latitudes, no han mostrado ser particularmente efectivos o eficientes. Un factor central detrás del bajo rendimiento de los gravámenes a las personas es que en Chile un 80 por ciento de la fuerza de trabajo está exento del impuesto a la renta. En los países de la OCDE típicamente ha estado excluido de este gravamen no más del 15 por ciento de la fuerza de trabajo. Esta distinta aproximación a los impuestos personales explica una parte relevante de la brecha y, de mantenerse, impedirá que en el futuro ella se cierre de manera significativa. Un cambio de enfoque en esta materia no parece estar en el imaginario colectivo.

En las realidades descritas hay claros obstáculos a la posibilidad de un Estado de Bienestar como el observado en los países de la OCDE, sobre todo los europeos. ¿Qué política social, entonces, podría acompañar el desarrollo de Chile? El primer gobierno de la Presidenta Bachelet esbozó la idea de protección social. El segundo gobierno del Presidente Piñera ha hablado de clase media protegida. Son conceptos que si bien responden a una lectura política diferente del proceso económico y social que ha vivido el país, tienen puntos de encuentro.

En efecto, ambas miradas, sin perjuicio de excepciones, no aspiran a definir políticas sociales de carácter universal, propias de los Estados de Bienestar. El foco de la política social estaría en asegurar que los eventos sociales inesperados que les pueda tocar vivir a las personas, y que estén fuera de su control, no se transformen en “catastróficos”. Así, la tarea de la política social apuntaría a poner un freno a la caída en el bienestar familiar en esas circunstancias. Es, entonces, una política de seguros sociales que, en general y salvo algunas excepciones como una vejez sin ahorros, no tiene un carácter permanente.

Esto requiere de un rediseño profundo de la política social que incluye, entre otros aspectos, el término de todos aquellos programas de dudosa efectividad que no sirvan al propósito antes enunciado. Sobre todo porque la política social, sin la posibilidad de tener una carga tributaria como la de los países de la OCDE, requiere de altos niveles de eficiencia en el uso de los recursos.

Publicado en El Mercurio.