En su momento, hubo voces que sostuvieron que la Convención elegida en mayo de 2021 era el órgano más representativo de la sociedad chilena de todos los tiempos. Pero en septiembre del año siguiente, el producto de esa “copia feliz” de nosotros resultó tan exótico que el 62% de los ciudadanos que fueron a las urnas decidió rechazarla; dos millones de votos más que los obtenidos por el Apruebo en el plebiscito de entrada.
Hoy, las condiciones iniciales son tan distintas que incluso sectores del oficialismo se abren a un órgano no íntegramente electo para redactar la nueva propuesta; incluso, ya no se descarta de plano que pueda ser en su totalidad designado por el Congreso. ¿Cómo fue posible este giro cuántico en la centroizquierda? La razón es simple y se llama frío realismo: una eventual elección de nuevos constituyentes no ocurrirá en ningún caso antes de abril del próximo año, es decir, si los partidos de gobierno quieren dejar su representación en la futura instancia en manos de los ciudadanos deberán hacerlo en el clímax de una recesión económica.
Además, la gente ya no muestra el mismo entusiasmo por el tema constitucional; la inseguridad y el alza de precios se han tomado la agenda, y la desaprobación al gobierno está más de 20 puntos por encima del respaldo a su gestión. Todas realidades que no se ven fáciles de revertir en los próximos meses, cuando se convoque al país a las urnas, si se opta por hacerlo. Así, lo que a mediados de 2021 era una atractiva apuesta, dos años después se ha convertido en una clara amenaza, que luego del atronador triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida podría dejar al gobierno de Boric saboreando una segunda derrota electoral de proporciones.
Por fortuna para el oficialismo, estas aprensiones son compartidas. En efecto, a la centroderecha el paso por las urnas también le implica un riesgo relevante, sobre todo si el Partido Republicano y el PDG optan por marginarse del nuevo proceso. La división de su mundo fue el principio de su debilidad en el trance anterior. Y es lo que hace de esta transversal incertidumbre una silenciosa complicidad, donde amplios sectores del oficialismo y la oposición empiezan ahora a sincerarse. El actual Congreso pasa a convertirse entonces en una tentadora garantía de estabilidad y equilibrio de fuerzas, a los que cada día tiene menos lógica renunciar.
Tras bambalinas, se pudieron ya consensuar “las bases” o principios que sostendrán la nueva Constitución. También “el árbitro” que velará por su cumplimiento. ¿Qué sentido tendría dejar en manos de una ciudadanía cada vez más desinteresada el curso posterior de un proceso cuyo primer fracaso hizo evidente sus imperativos técnico-jurídicos, más encima cuando un sector relevante de la opinión pública ahora también se inclina por una opción “mixta” con participación relevante de expertos?
Es que la ciudadanía también tiene derecho a aprender de sus errores, y a asumir en base a la experiencia una sana desconfianza respecto de sí misma.
Publicada en La Tercera.