Señor Director:

A comienzos de esta semana un medio online publicó mapas con los casos de contagios de covid-19 georreferenciados en varias comunas. No salen calles ni direcciones específicas, pero un ojo agudo puede hacer cruces con Google Maps o incluso con las bases de datos del Servel.

El medio asegura que este “golpe periodístico”, una filtración desde el Ministerio de Salud, responde a una necesidad de conocer la información que no se ha querido entregar ni a la Seremi y que es propio de países desarrollados transparentar los datos disponibles.

Sobre este punto, es importante recordar que el mundo ideal de la transparencia total no existe. Y hay razones para ello. En Europa, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) considera que la información de salud forma parte de los datos personales. Y aunque en Chile no tenemos una legislación tan elaborada, sí sabemos que la información relacionada con la salud de las personas es privada. ¿Se imaginan si en los 80 se hubieran dado a conocer las direcciones de personas portadoras de VIH?

Es cierto que la comunidad de expertos en Chile ha estado pidiendo más datos. Lamentablemente, esta publicación parece darle la razón al ministro sobre el mal uso que se les podría dar. La prensa no debe confundir su legítimo papel de fiscalizar al poder o incluso de exigir una buena rendición de cuentas con entregar información que no es de interés público. Y si bien cada organización de medios puede interpretar de manera diferente cuáles son los intereses de sus audiencias, la primera pregunta que debe plantearse un periodista cuando tiene un material sensible entre manos es si aporta o no al interés público o si, por el contrario, difundirlo solo constituye una invasión injustificada de la privacidad.

Publicada en El Mercurio.